Mario Roberto Segovia fue declarado libre de culpa en una causa por tráfico de influencias indebidas y cohecho por tramitada por la Justicia Federal de San Martín. La acusación involucraba también al ex jefe de la barra brava de Boca Juniors, Rafael Di Zeo, y a los abogados Mariano Cúneo Libarona y Claudio Caffarello, que recibieron la misma acusación y fueron igualmente sobreseídos.

La resolución no se refiere a las causas principales en las que está implicado Segovia, la de contrabando agravado de efedrina, por las cuales será sometido a juicio oral y público. Por consiguiente, este fallo no implica un cambio en su situación actual. Permanece detenido en la cárcel de Ezeiza.

La causa judicial que terminó con el sobreseimiento de las cuatro personas mencionadas, dictado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, surgió por iniciativa de la jueza federal Silvia Arroyo Salgado, a raíz de escuchas telefónicas ordenadas en el juzgado federal de Campana. Este material había llevado a la jueza a sospechar que el ex líder de la barra xeneize, en una salida transitoria, había viajado a Rosario a buscar dinero a la casa de la suegra de Segovia, con quien compartía pabellón en la cárcel de Ezeiza.

A partir de estas escuchas se promovió una requisa en el pabellón donde estaban Segovia y Di Zeo. La presunción era que Di Zeo había buscado el dinero en lo de la familia de Segovia para, con esa plata, comprar beneficios al personal penitenciario en su lugar de detención.

La inspección se hizo el 25 de septiembre de 2009. Allí, según fuentes del Servicio Penitenciario Federal, a Segovia y Di Zeo les fueron secuestrados elementos que ningún recluso tiene permitidos, como celulares, chips para teléfonos, un módem de computación, pinzas y una bebida alcohólica de fabricación casera.

Una jueza rosarina. Frente a ese descubrimiento la investigación judicial que acusaba a Segovia, Di Zeo y a los dos abogados pareció afianzarse. Pero una pesquisa que se realizó en Rosario, a cargo de la jueza de Instrucción Nº 5, María Luisa Pérez Vara, fue la base para el fallo del juez Martínez de Giorgi. Este magistrado consideró que la acción que se atribuía a estas cuatro personas ya había sido considerada por su colega rosarina. Y como ella no había encontrado delito no era posible juzgar nuevamente tal acción.

En 2009, la jueza Pérez Vara intervino cuando el padre de Mario Roberto Segovia denunció que Rafael Di Zeo había llegado a casa de su familia a realizar una exigencia de dinero de modo amenazante. Según contó a este diario el abogado Carlos Varela, que representa a Segovia en Rosario, la denuncia del padre de su cliente quedó desestimada. Eso pasó cuando el propio Mario Segovia -aquí como testigo y no como imputado- dijo que la plata que había reclamado Di Zeo se la había prometido él mismo en calidad de préstamo.

Eso llevó a que Pérez Vara definiera la inexistencia de delito. Quedó en claro que Di Zeo, en efecto, había llegado a Rosario a buscar dinero a lo de familiares de Segovia. Pero el juez Martínez de Giorgi dijo que lo que le tocaba juzgar ya lo había hecho Pérez Vara.

En una escucha, la esposa de Segovia, Gisela Ortega, aparecía supuestamente ofreciendo entregarle dinero a Di Zeo, quien en una de sus salidas transitorias recibiría la plata para el abogado Cúneo Libarona, quien a su vez debía "mejorar la situación procesal" de Segovia.

El juez Martínez de Giorgi sobreseyó a los cuatro imputados porque, en Rosario, la jueza Pérez Vara ya había analizado la conducta de Di Zeo. Y en base al principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho el magistrado dictó el sobreseimiento.

El fiscal Federico Delgado consideró que "la decisión que desvinculó a los nombrados del suceso investigado resulta notoriamente prematura". Para el fiscal, las pruebas evaluadas por Martínez de Giorgi son "insuficientes" y los descargos de los investigados "no resultan creíbles en absoluto".

Escuchas

Las escuchas telefónicas que originaron la causa señalaban que Rafael Di Zeo habría mantenido una "llamativa conversación" con el abogado Mariano Cúneo Libarona que planteaba un destino irregular del dinero entregado por la mujer de Segovia al ex líder de la barra boquense: buscar el cierre de dos causas en trámite y beneficios carcelarios.