Sin el acuerdo de gremios ni empresas Zapatero impone la reforma laboral

Madrid. — Tras un dramático fracaso en la madrugada de ayer entre sindicatos, patronal y gobierno por llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral, el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero dijo que la impondrá por decreto. Sin embargo, una nueva ronda de negociaciones se desarrollaba anoche. La reforma laboral será “sustancial” y nacerá para estar vigente “mucho tiempo”, adelantó Zapatero, quien firmará el decreto el próximo miércoles. España padece un desempleo del 20%, y su régimen laboral tiene muchas rigideces, recordó ayer el jefe de gobierno socialista.
  Las palabras del gobernante llegaron horas después de que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y los representantes de la patronal y los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, se levantaran sin acuerdo de la mesa de negociación. Esta fracasó por las divergencias existentes sobre el costo del despido y las causas válidas para despedir trabajadores. Después de una reunión de casi 11 horas, que finalizó a las seis de la mañana, los sindicatos acusaron a la federación patronal CEOE de querer “aprovechar la crisis para conseguir antiguas aspiraciones”. El presidente de los empresarios, Gerardo Díaz Ferrán, les achacó por su parte no querer “ver la realidad”.

Puntos principales. Llegados a ese punto, el gobierno les presentará hoy por separado los puntos principales de su reforma, que aprobará por decreto el próximo miércoles, un día antes de una reunión del Consejo Europeo, y para la que espera ir recabando en los próximos días el apoyo de los partidos con representación en Diputados, donde carece de mayoría absoluta. El nudo del proyecto oficialista consiste en otorgar mayor estabilidad al trabajador contratado a cambio de disminuir el costo del despido. El 2 de junio, Zapatero había anticipado que el 16 firmaría el decreto, con o sin consenso de las partes sociales.
  Era el final de un año de negociaciones arduas, en las que sindicatos y patronales se alternaron en la tarea de subir la apuesta para dejar a la otra parte o al gobierno en el rol de villanos. Ahora el gobierno decidió imponer la reforma por su cuenta. Todo indica que la propuesta incluirá la flexibilización del despido, ya que apunta a la extensión del denominado “contrato de fomento”, hasta ahora vigente sólo para algunos sectores y que contempla una indemnización de 33 días por año trabajado frente a los 45 días del contrato común. A su vez, y contra el parecer patronal, se prevé una limitación de la “temporalidad” de los contratos. “El gobierno quiere reducir el costo del despido sin que los trabajadores pierdan derechos”, aseguró Zapatero. El objetivo es poner fin a la “temporalidad” en los contratos y que “la contratación indefinida sea la norma”, añadió. Esta última expresión equivale a la “efectividad” laboral. En resumen, el gobierno está proponiendo intercambiar la efectividad en el puesto por un costo de despido más bajo.
  La reforma “no es para seis y ocho años, es para mucho tiempo”, aseguró Zapatero en Roma. “Nuestro modelo laboral ha tenido pocas variaciones en los últimos 25 años”, recordó Zapatero, quien explicó que ahora debe haber cambios.

Modelo en crisis. En plena crisis económica, España cerró el primer trimestre de este año con una tasa de desempleo superior al 20 por ciento. Tanto la Unión Europea (UE) como el FMI han instado a España a llevar a cabo una reforma del mercado laboral. “Tenemos un modelo laboral y económico que, cuando hay una crisis, provoca altísimo paro y excesiva temporalidad”, admitió Zapatero.
  El jefe del gobierno socialista llamó a la “responsabilidad” al resto de los grupos parlamentarios. Se trata, dijo, de tener “un amplio respaldo” en la Cámara, porque si la reforma “tiene el mayor número de apoyos será exitosa”. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, confirmó por su parte que el gobierno “intensificará” estos días el diálogo con los grupos parlamentarios. Tanta premura del gobierno tiene su explicación. Si la oposición o los aliados parlamentarios voltean el decreto en el Parlamento, el Ejecutivo quedaría a un paso de caer y tener que llamar a elecciones anticipadas. El costo para España, bajo escrutinio de la UE y del FMI, sería muy alto, pero es posible que los adversarios políticos del socialismo apuesten igualmente a derribar el gobierno. l