La investigación penal a la ex jueza de Instrucción María Luisa Pérez Vara por su desempeño ante el crimen de Luis Medina seguirá su curso, pese a que la magistrada pretendía concluirla con el pago de una multa. Tras escuchar el planteo que realizó la ex funcionaria, el camarista Carlos Carbone concluyó que la sanción económica no extingue la acción penal porque a la magistrada le imputaron un delito que, además, prevé la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Tras esta decisión de Carbone, la causa contra Pérez Vara seguirá adelante y con un pedido de la fiscalía para que se amplíe la acusación a la magistrada con una figura delictiva más grave, por el mal desempeño de sus funciones. La magistrada está imputada por el juez Correccional Héctor Núñez Cartelle por omisión de sus obligaciones, ya que no se hizo presente en la escena del crimen de Luis Medina y su novia Justina Pérez, acribillados el 29 de diciembre de 2013 en el acceso Sur. La principal acusación es que ese día estaba de turno y no sólo no fue al lugar del hecho sino que tampoco atendió las llamadas telefónicas de funcionarios policiales y judiciales. Al ser contactada por sus superiores alegó problemas de salud pero las pericias indicaron que el celular de la jueza se activó ese día en la localidad balnearia de Cariló.
Tras una investigación interna, la Corte Suprema le impuso el año pasado el pago de una multa de 2.950 pesos, de los que la ex magistrada depositó el mínimo de 750 pesos. A fines de septiembre Pérez Vara declaró por el delito de omisión de sus funciones (con pena de multa e inhabilitación) y un mes más tarde la fiscal Ana Rabín requirió que vuelvan a citarla para imputarle el delito de incumplimiento de sus deberes, que se pena con prisión de un mes a dos años e inhabilitación para cargos públicos.
Para la fiscal, la ex jueza incurrió en ese delito porque al día siguiente del doble crimen no inició la instrucción de la causa ni la delegó a un colega. El defensor de Pérez Vara, Jorge Bedouret, se opuso a la continuidad de la pesquisa con el argumento de que el pago de la multa daba por cerrada la investigación. El juez no estuvo de acuerdo y así se originó el conflicto que, tras una audiencia de apelación del 5 de febrero, ahora se dirimió.
Para Carbone, lo que hace inadmisible el planteo de Pérez Vara es que la figura por la cual fue indagada prevé una sanción monetaria y la inhabilitación para ejercer cargos. El pago voluntario del máximo de la multa para interrumpir la pesquisa, para Carbone, "sólo procede para los delitos exclusivamente reprimidos con ese tipo de sanción", mientras que en este caso "hay un interés colectivo en la pena al comprender conjuntamente la inhabilitación especial".
El defensor Bedouret había planteado que sería innecesario declarar la inhabilitación de su clienta porque está jubilada y tiene 77 años, lo que "excede los topes de ingreso al Poder Judicial y a la Administración Pública", argumento que no es válido para el juez porque existen casos de camaristas y jueces jubilados que cumplieron funciones como fiscales o defensores.