Apenas asumió, el ministro de la cartera educativa y deportes de la Nación, Esteban Bullrich, prometió que el Consejo Federal de Educación dejaría de reunirse en Buenos Aires, porque la intención era “federalizar” las políticas educativas. Y cumplió. La primera reunión se hizo en La Plata, el 21 de diciembre, donde estuvieron todos sus pares jurisdiccionales. Para darle fuerza a esa idea de federalizar la educación inició enseguida una gira que abarcó a todas las provincias del país. El calor santafesino no lo achicó y el 13 de enero también estuvo con la ministra Claudia Balagué.
Cada visita del ministro quedó registrada en las redes sociales: “Visité la casa del más grande”, posteó desde San Juan retratado junto al busto de Sarmiento. En las entrevistas que le hacían en los medios locales reiteraba sus elogios al oficio docente, declarando una y otra vez que hay que jerarquizarlo, atraer a los mejores a la profesión y hasta promover una ley que sancione a quienes les falten el respeto (ver nota “Habrá una ley que sancione la falta de respeto a los maestros”, del 6 de enero 2016, en www.mendozapost.com).
El broche de oro de este periplo estuvo en Jujuy el 12 de febrero último,donde todos los ministros de Educación del país firmaron la Declaración de Purmamarca, donde se fijan las bases para hacer una “revolución educativa”. El documento quedó sellado con una foto grupal, con el cerro Siete Colores de fondo, y una divertida selfie de los firmantes. En principio, ¿quién podría estar en desacuerdo con tanta alegría y semejante anhelo?
En 1993, en San Juan, los gobernadores, entre quienes se encontraba Carlos Reutemann, ahora sumado a las filas de Cambiemos, firmaron el Pacto Federal Educativo. Un texto donde también se establecían metas indiscutibles, como terminar con las escuelas rancho. Ese pacto fue además el puntapié para la ley federal aplicada en el menemismo y cuyas consecuencias todos conocemos: destrucción de la educación pública, vaciamiento de las escuelas técnicas, sueldos congelados, padres sin trabajo y por tanto chicos que iban más a comer que a estudiar. Recordando entonces ese pacto, no es descabellado compartir algunos llamados de atención a esta “revolución educativa” (latiguillo del macrismo en su campaña presidencial). Al igual que aquel acuerdo, esta declaración de principios enumera también desafíos indiscutibles como poblar de jardines de infantes la Argentina. Pero no se propone debatir una nueva ley de financiamiento educativo que mejore el actual seis por ciento del PBI. La declaración insiste con decir que hay que evaluar “para saber cómo estamos” aunque parece que ya lo sabemos porque también se asegura que “estamos mal” (Esteban Bullrich varias veces habló de un “fraude educativo”). Para saberlo, se prevé crear el Instituto de Evaluación de la Educación. Es sólo cuestión de tiempo para que se instale “la necesidad imperiosa” de evaluar a los docentes y para que los organismos financieros, siempre al acecho de lucrar con la educación, hagan su negocio. En los 90, la estrategia fue hacerles creer a los educadores de todos los niveles que no sabían nada, que no estaban preparados para aplicar la “reforma educativa” que se llevaba adelante y por tanto había que “reconvertirse”, y estallaron los cursos de capacitación que llenaron los bolsillos de las universidades e institutos privados.
¿Cómo piensan los gobiernos nacional y provinciales hacer una “revolución educativa” en un país que apunta a terminar con la clase media y sumar más pobres? ¿Cómo piensan revolucionar la educación, que se parezca a la de Finlandia, si falta una semana para la fecha fijada para el inicio del ciclo lectivo y ni siquiera pueden garantizarles a maestras, maestros, profesoras y profesores un salario respetuoso y digno? Y menos aún las clases a millones de alumnos y alumnas.
Lo ocurrido la semana pasada en la paritaria docente nacional fue un verdadero papelón que debería terminar en la renuncia del ministro Esteban Bullrich. El lunes 15 se reunió la mesa de negociaciones y el ministro les ofreció a los gremios un aumento que alcanza el 40% en julio: de 6.060 a 7.800 pesos a partir del 1º febrero y 8.500 pesos a partir del 1º de julio (monto que incluye el Fondo de Incentivo Docente -Fonid-: que va de 510 a 810 en marzo y llega a 1.010 en julio). Se trata del piso salarial mínimo unificado para todos los docentes del país. La decisión de establecer esta plataforma salarial única para el magisterio la tomó en marzo de 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner para terminar con las grandes desigualdades en los sueldos provinciales en el magisterio. Las provincias negocian sus propias paritarias y ninguna puede ser menor a ese piso.
Pero a las pocas horas de ese anuncio que recogieron los medios, de todos los colores y tendencias, la buena noticia ya no era tal. Dicen que la primera en poner el grito en el cielo y por segundos perder su eterna sonrisa fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que viene haciendo los deberes al pie de la letra y les ofreció a los educadores de su jurisdicción el 24,1% en varias cuotas.
Paralelamente, desde el oficialismo se intentaba explicar que la oferta oficial era de un 25%, a la que había que sumarle el Fonid, esquivando responder con confusos dichos qué porcentaje final representaba el conjunto.
La oferta a los docentes se iba a formalizar el martes 16 al mediodía, imprevistamente se pasó para la tarde y a bien entrada la noche Bullrich pidió un cuarto intermedio para el miércoles. Y el miércoles se pasó para el viernes 19, y ese día el ministro se borró de la reunión tirándole la pelota a las provincias. Además de un increíble manoseo al sector, como bien señalaron los diferentes referentes gremiales, se trató de una situación insólita: “Es la primera vez que un gobierno se niega a firmar su propia propuesta”.
Los hechos no sólo desnudaron la improvisación y torpeza de quienes gobiernan sino también cómo rápidamente los bonitos discursos que acariciaron al magisterio y hablaban de federalismo se esfumaron: el ministro Bullrich tildó ahora a los representantes docentes de “mentirosos” y de “tergiversar la información” (dijo lo mismo de los medios de comunicación).
El panorama de desprolijidades se completó cuando el presidente de la Nación Mauricio Macri fijó en un 25% el límite para la discusión salarial docente en cada una de las provincias. Chau federalismo. Pero no fue todo. Para que no queden dudas de cómo viene la mano para los docentes, ese viernes, mientras se realizaba la conferencia de prensa en la sede de Ctera con los máximos referentes de los gremios de todo el país, dos policías vestidos de civil se plantaron en el lugar preguntando nombres, de dónde eran y qué hacían a los presentes. Ya están hechas las denuncias pertinentes de semejante atropello propio de las dictaduras.
A las maestras y maestros no se los trata de mentirosos (¿con qué autoridad se pararán luego frente al aula?) y menos se los persigue. A las maestras y los maestros se les paga el mejor salario, sin sacar tanta cuenta mezquina, porque son quienes todos los días les enseñan a nuestros hijos e hijas. A las maestras y a los maestros se los abraza y se los respeta. Y recién después posamos todos para la foto.
