Seis personas, entre ellas tres abogados y un empresario, fueron procesadas por integrar una asociación ilícita destinada a apropiarse de inmuebles desocupados mediante maniobras engañosas en juicios de escrituración. El ardid, según la Justicia, consistía en presentar falsos boletos de compra-venta en juzgados civiles de Rosario e iniciar allí demandas de escrituración contra los supuestos dueños de los terrenos, quienes en realidad eran personas inexistentes y con domicilios falsos. Así intentaban que los jueces escrituraran en su favor y obtener pleno dominio de los lotes, lo que resultó exitoso en dos de cinco casos.
  El procesamiento fue dictado por la jueza María Laura Sabatier en una conflictiva causa iniciada en 2007. Uno de los imputados, que afirma haber sido legítimo titular de un campo en el norte provincial, acusó a su vez al denunciante por tentativa de estafa y falso testimonio. Además recusó a la magistrada y presentó una denuncia penal por prevaricato (ver aparte).
  Los acusados fueron procesados como miembros de una asociación ilícita, coautores de estafa procesal, falsificación de documento privado y uso de documentos falsos, algunos delitos consumados y otros en grado de tentativa. A todos los acusados, que están en libertad, los embargaron por $ 10 mil a cada uno.
  Los procesados son Manuel Esteban Jurado, abogado jubilado de 83 años; Cristian Gabriel Chapelet, abogado de Capitán Bermúdez, de 33; Paula Ríos, abogada rosarina, de 41; el empresario transportista de Fray Luis Beltrán Miguel Angel García, de 47; y los comerciantes de esa localidad Alfio Iván Aguirre, de 31, y Pablo Nicanor Flores, de 24 años.
  La resolución es preliminar: indica la probabilidad de que hayan cometido los delitos que les endilgan. Si queda firme, serían sometidos a juicio.

Punto de partida. Todo se originó con la denuncia de dos ocupantes de un terreno de la localidad de Gato Colorado, en el departamento de 9 de Julio. Señalaron que, pese a que el campo no había sido vendido, el 16 de abril de 2007 recibieron una cédula judicial de desalojo expedida por un tribunal rosarino y tramitada por el juez de la localidad de El Nochero.
  Según la denuncia, contra el campo en cuestión se había iniciado un juicio de escrituración sin la documentación original. En efecto, en el juzgado Civil y Comercial 12 de Rosario se tramitó una demanda presentada por la empresa de transporte Trans Luján SRL, propiedad de García, contra Rodolfo Albarracín.
  En el expediente figura que en 1984 Albarracín le había comprado 1.600 hectáreas de campo al anterior dueño, Jorge B., titular de la firma Chulmeyén SA, en 100 mil pesos.
  Luego, según el expediente, Albarracín vendió las tierras al transportista de Fray Luis Beltrán, pero se negó a escriturar. El empresario inició el juicio correspondiente y en mayo de 2007 obtuvo sentencia favorable y una escritura judicial. El dueño de Trans Luján, entonces, cedió a su vez los derechos litigiosos al comerciante Pablo Flores. Fue éste quien, como último dueño, requirió el desalojo del campo de Gato Colorado.
  Pero de acuerdo con los denunciantes, los boletos de compraventa esgrimidos en el juicio civil eran falsos. En el juzgado de Instrucción 14 plantearon que la modalidad de ese juicio había sido engañosa y que el ardid se había repetido en otras causas.
  En junio pasado, el dueño de Chulmeyén se presentó en el juzgado como el verdadero propietario e inició un reclamo indemnizatorio contra los imputados. “No firmé boleto alguno. Hace veintipico de años que no voy al lugar”, sostuvo.

Repetido. A partir de ese caso, la jueza Sabatier detectó modalidades similares en otros cinco expedientes. La maniobra, consideró, consistía en confeccionar falsos documentos de compraventa, iniciar juicios de escrituración “y obtener sentencia mediante fraude, con la finalidad de apropiarse ilegítimamente de inmuebles ajenos. Todo apuntaba a engañar a los jueces y obtener sentencias traslativas de dominio respecto de inmuebles deshabitados”.
  En la resolución la magistrada también indicó que algunos de esos expedientes “han desaparecido” y en muchos de ellos, “sugestivamente aparece el llamado Emilio De Michelli o De Michelle como demandado o codemandado”. Se trataría de una persona inexistente, que era declarada en rebeldía al no presentarse en los juicios en los que, además, se daban domicilios falsos o inexistentes tales como simples casas de familia, obras en construcción o hasta un hospedaje y una galería comercial de peatonal Córdoba.
  Para la jueza “se encuentra suficientemente acreditado” que los imputados “integraban una banda o asociación destinada a cometer delitos” y con distribución de funciones. En los juicios civiles “se desplegaron similares ardides con la finalidad de inducir a engaño a los jueces intervinientes, perjudicando así a los legítimos titulares” de los inmuebles afectados. Tales los casos del campo de Gato Colorado, un terreno en Rosario y lotes de San Lorenzo.
  Con respecto a los abogados que patrocinaron esas demandas, señaló la jueza que su actuación excedió la mera intervención profesional: “Comparecer, patrocinar, representar, demandar, litigar, son actos habituales de la abogacía. Pero cuando esos actos se orientan a simular, engañar, defraudar y causar perjuicio al prójimo, se trata de hechos atrapados por el Código Penal”.