Como la crónica de un episodio anunciado. Un antiguo balcón de una pensión clausurada (San Luis 1038) se derrumbó ayer y pudo haber causado una tragedia. Porque si bien el edificio está vallado desde el 26 de enero pasado, en el lugar viven unas 15 familias que jamás desalojaron el inmueble. Se trata de una antigua casona marcada por el deterioro del paso del tiempo y la absoluta falta de mantenimiento. Sus habitantes permanecen en el lugar porque no tienen otro espacio donde ubicarse. Varios informes venían certificando el riesgo de la edificación, e incluso se había especulado con la caída.
"Cayó el balcón del medio", relataron los habitantes de la pensión. Y no se equivocaron. Cerca de las 10.30, un estruendo estremeció tanto a los caminantes (afortunadamente empalizada de por medio) como a los que trabajan en los alrededores. Según los moradores del lugar, hace pocos días "quitaron una viga que sostenía el balcón al retirar también carteles publicitarios de los locales comerciales linderos a la entrada a la pensión, que pertenecen al mismo inmueble". Los escombros invadieron inmediatamente el sector y en el piso superior sólo quedaron las barandas.
La pensión de dos plantas carga en su haber con un sinnúmero de irregularidades. No sólo está clausurada (aunque a esta determinación se llegó con sus moradores aún habitándola) sino que pesa sobre ella un juicio de desalojo y sigue corriendo riesgo de derrumbe, tanto interno como externo. "Fijate cómo tuvimos que levantar algunas paredes para sostener el techo o evitar más grietas", mostró a La Capital Ricardo Rodríguez. El hombre dio cuenta, además, de que duerme en cuarto donde abunda la humedad.
Las familias venían pagando hasta noviembre del año pasado entre 600 y 800 pesos de alquiler mensuales para vivir en el hacinamiento y la suciedad.
Entre las grietas, fisuras, caños rotos u oxidados y olor a humedad viven chicos, adultos y ancianos. "Somos, en su mayoría, trabajadores ambulantes. Hasta 2010 el dueño era el abogado Armando Alvarez Portacarrero, quien venía a cobrarnos todos los meses", dijeron, para agregar luego: "En diciembre dejó de pasar a buscar el pago del alquiler y no entendíamos nada. Después, nos quedamos sin luz ni agua y, finalmente, llegó una denuncia de usurpación".
Es que el edificio había sido vendido y el nuevo propietario les exigió abandonarlo.
Los habitantes de la casona están aguardando una decisión judicial ya que interpusieron un recurso de amparo".
Paralelamente, el concejal, Alberto Cortés (Proyecto Sur-PSA) viene gestionado soluciones habitacionales, tanto en el orden provincial como municipal (ver aparte).
El inmueble contó en 1997 con la última habilitación como bazar.
En 2000 se tramitó un permiso para que funcionara como hospedaje, pero nunca fue otorgado.
Esta situación de precariedad de los que habitan este tipo de casas de alquiler se repite en toda la ciudad y refleja las dificultades que atraviesan los ciudadanos que no encuentran otra alternativa a la hora de buscar dónde vivir.
Gestiones
Con la autoría del edil Alberto Cortés, el Concejo aprobó en septiembre del año pasado encomendar al municipio la realización de las gestiones pertinentes “a los efectos de procurar posibles soluciones habitacionales a las familias que cohabitan en el inmueble ubicado en San Luis 1038”. Sólo en 2009 el municipio clausuró 17 pensiones sin habilitación y en 2011 otras 10. Las autoridades advirtieron que “no cuentan con herramientas para atender este tipo de casos urgentes”.
