Cuatro jóvenes fueron acusados de robo agravado en grado de tentativa y deberán pasar los próximos 30 días en prisión preventiva. Así lo dispuso ayer el juez Javier Beltramone al cerrar la primera audiencia imputativa, de carácter oral y público, que se realizó en los Tribunales de Rosario en el debut del nuevo sistema de enjuiciamiento penal que rige en la provincia. A esa resolución el magistrado llegó tras un debate de aproximadamente una hora y del cual participaron los fiscales Fernando Dalmau y Marisol Fabbro como acusadores; y el defensor oficial Mariano Buffarini y el abogado Marcelo Argenti en representación de los imputados.
Una pequeña sala del primer piso de Tribunales fue el escenario en el cual, a las 16.38, se dio inicio a una de las tres audiencias que marcaron el comienzo de una nueva etapa en la Justicia provincial (ver aparte). No alcanzó el espacio físico para dar cabida a ministros de la Corte, integrantes de los flamantes Ministerio Público de la Acusación (fiscales) y Servicio Público de la Defensa, abogados penalistas, estudiantes de derecho, periodistas y familiares de los acusados, por lo que todo transcurrió a puertas abiertas y con los pasillos colmados de gente que no se quiso perder la primera cita de lo que catalogan “un momento histórico” en la Justicia santafesina.
El hecho. Los cuatro imputados en la audiencia de ayer fueron apresados en una estación de servicios YPF de San Martín al 1100, en Arroyo Seco. Se trata de Gino Joel C., de 22 años; Brian Eduardo A., de la misma edad; Brian Oscar A., de 20; y Alberto Omar G., de 27. De acuerdo a lo relatado por la fiscal Marisel Fabbro, a las 3 de la mañana las cámaras de monitoreo del municipio captaron el accionar de cinco jóvenes, dos de ellos con armas de fuego, que amenazaron al playero y a otras personas obligándolos a ingresar al minimarket del comercio. Una vez allí esquilmaron a todas sus víctimas (11 personas entre empleados y clientes) robándoles dinero, celulares y otras pertenencias además de sacar el dinero de la caja del local.
Pero desde el centro de monitoreo arroyense se avisó al Comando Radioeléctrico Regional y un par de patrullas llegaron al lugar poniendo fin al atraco. En poder de los ladrones, dijeron los fiscales, “se hallaron dos armas de fuego (un revólver calibre 32 y otro 38) cuya capacidad para disparar deberá ser comprobada por las pericias”, además del dinero malhabido. Por eso, la fiscalía sostuvo la imputación hacia los cuatro muchachos por robo agravado por la portación de arma de fuego en grado de tentativa, y se reservó el derecho de ampliar la acusación hacia aquellos que hayan portado los revólveres una vez que vean las imágenes que permitieron abortar el asalto.
El debate. Tras el ingreso de los acusados a la sala, el juez les leyó sus derechos, les preguntó si habían tenido entrevistas previas con sus abogados y les pidió que se identifiquen. Después le dio la palabra al fiscal para que haga la imputación, pero el defensor oficial se adelantó planteando la primera discusión de la jornada. Es que Mariano Buffarini pidió la inmediata libertad de su pupilo, Alberto Omar G., al entender que su arresto había sido inconstitucional. Para el defensor, “el fiscal no es autoridad competente para ordenar la detención de nadie, sino que es el juez” quien debe emitir esa orden porque, dijo, “en caso contrario sería el mismo funcionario el que detiene y acusa”.
También explicó que “fue imposible para la defensa acceder a las pruebas utilizadas por la fiscalía para acusar” por lo que no se podía establecer “una igualdad de condiciones a la hora de diagramar una estrategia defensiva”. En ese sentido solicitó un cuarto intermedio que fue concedido por el juez.
De vuelta en audiencia, Beltramone desestimó el pedido de inconstitucionalidad planteado por el defensor oficial al entender que las detenciones fueron hechas “en flagrancia” (mientras se concretaba el hecho) y “por una autoridad competente” (la policía). Tras ello, a las 17.22, se dispuso a escuchar la acusación. La fiscal Fabbro detalló los hechos atribuidos y pidió varias medidas para ampliar la imputación: testimoniales, pericias a las armas, observación de los videos, rueda de reconocimiento, entre otras.
Asimismo, la fiscal solicitó se impongan 60 días de prisión preventiva a los acusados debido a que dos de ellos tienen antecedentes, e incluso uno de ellos tenía pedido de captura por burlar una salida transitoria; porque la pena que les puede corresponder es mayor a 3 años y 4 meses de prisión; y porque algunos de ellos no tienen residencia fija ni trabajo y por lo tanto podrían burlar la acción de la Justicia y fugarse.
La resolución. Sin embargo, las defensas refutaron esas afirmaciones y por lo tanto el pedido de prisión. Buffarini dijo que su defendido tiene domicilio fijo y “no había vuelto a prisión porque es padre único de dos criaturas” por lo que solicitó se morigere la prisión preventiva con un arresto domiciliario bajo caución y la tutela del padre; mientras que Argenti pidió lo mismo para sus tres clientes, dos de los cuales “no cuentan con antecedentes penales y no tendrían motivo para fugarse”.
Además, el profesional dijo que “el espíritu de este nuevo procedimiento penal no es atiborrar las comisarías con acusados en prisión preventiva sino que la regla debe ser la libertad mientras dure el proceso”. No obstante, el juez Beltramone entendió que había “evidencia suficientemente clara para esta instancia del juicio” y aceptó el pedido de la fiscalía imputadno a los acusados de robo agravado por el uso de armas en grado de tentativa y les dio 30 días de prisión preventiva.
En ese tiempo la fiscalía deberá instrumentar todos los mecanismos habilitados por el nuevo sistema para conseguir las pruebas que fundamenten su acusación y así pedir la pena que corresponda. Mientras tanto, en los pasillos y en cada rincón de Tribunales seguirá el debate sobre las bondades y falencias de un nuevo sistema que ya está en marcha y que requiere un tiempo de adaptación.
