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Scioli salió a bancar a Cristina y le pidió "respeto" al juez Bonadío

El gobernador se alineó con el kirchnerismo duro a la hora de criticar el allanamiento a una empresa de la presidenta.

Jueves 27 de Noviembre de 2014

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, cuestionó la "espectacularidad" del allanamiento dispuesto por el juez federal Claudio Bonadío a la empresa Hotesur, vinculada a la presidenta Cristina Kirchner, y al respecto pidió "prudencia y responsabilidad". En paralelo, la Inspección General de Justicia (IGJ) aclaró que "no emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre la sociedad Hotesur SA" ya que estos "incumplimientos formales" no suponen eventuales "maniobras de lavado de activos".

"Es un momento en el que tienen que prevalecer la prudencia y la responsabilidad, especialmente en cuestiones donde está de por medio nada más y nada menos que la presidenta de la Nación", sostuvo el mandatario provincial en declaraciones periodísticas durante una actividad gubernamental.

Acerca de la situación de la firma allanada, el precandidato presidencial señaló que se trata de una "una cuestión administrativa" y cuestionó la "espectacularidad" de la medida ordenada por el juez federal Bonadío, quien actuó en base a una denuncia de la diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer.

"Se despliega un accionar en que a pocos días o a pocas horas de producirse (el allanamiento) con esa espectacularidad vemos lo que es la esencia de esa cuestión", señaló Scioli, al tiempo que destacó que el allanamiento dispuesto por el magistrado es "una cuestión administrativa dentro de lo que es la tarea de la Inspección General de Justicia ".

De esta manera, el gobernador bonaerense se sumó a la lista los dirigentes oficialistas que criticaron el accionar de Bonadío, incluida la jefa de Estado, quien este martes lo acusó de ser propietario de una firma que también debe balance en el organismo.

"A esta presidenta ningún buitre financiero, ni carancho judicial la va a extorsionar en contra de los intereses del pueblo argentino, quédense tranquilos", había afirmado la mandataria durante el cierre de la Convención de la Cámara Argentina de la Construcción, en lo que fue su regreso a la actividad pública tras 26 días, acto que compartió con Scioli.

Mientras, la Inspección General de Justicia aclaró que "no emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre la sociedad Hotesur SA" ya que estos "incumplimientos formales" no suponen eventuales "maniobras de lavado de activos".

"La Inspección General de Justicia comunica que no emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre la sociedad Hotesur SA porque, de acuerdo a las normas vigentes, en la actualidad los incumplimientos formales de esa firma no configuran acciones sospechosas de eventuales maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo", señaló con puntillosidad el organismo, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En un comunicado, la IGJ indicó que "concretamente, la ley 25.246 establece que la IGJ es lo que se denomina "sujeto obligado" a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF)" y que "la resolución 29/2011 de ese organismo fija las pautas objetivas que determinan las obligaciones de la IGJ en materia de prevención de esos delitos financieros".

Sólo multas. "Según esa reglamentación, ninguno de los incumplimientos formales ante la IGJ configura alertas que obliguen a la emisión de un ROS, siendo sólo pasibles de multas", aclaró el organismo, en relación con las irregularidades administrativas de Hotesur, una firma de la que la presidenta Cristina Kirchner es accionista y que administra el hotel Alto Calafate.

"Por la misma razón, este organismo tampoco ha emitido Reportes de Operaciones Sospechosas sobre las demás sociedades que incurren en incumplimientos formales vinculados a la competencia de la Inspección General de Justicia, a las cuales les aplica las sanciones administrativas que determina la ley orgánica de la IGJ (Nº 22.315)", concluyó el organismo como forma de posicionamiento.

De esta forma, la IGN salió al cruce de informes periodísticos que denunciaron auer que el organismo debió haber emitido un reporte de operación sospechosa de lavado de activos ante las irregularidades detectadas en la sociedad Hotesur, puesto que así lo indican las normativas de la propia IGJ y de la unidad antilavado (UIF).

Berni también quedó en la mira judicial

El fiscal federal Federico Delgado se excusó de intervenir en una causa contra el secretario de Seguridad, Sergio Berni, por presunto enriquecimiento ilícito, aunque sostuvo que hay motivos para investigarlo.

El fiscal tomó la decisión a raíz de un enfrentamiento que mantiene con el funcionario, quien lo denunció por extralimitarse en sus funciones luego que realizara una investigación denunciando falencias en la Policía Federal. Sin embargo, para el fiscal, la denuncia hecha por el diputado opositor Manuel Garrido "está fundada" y "justifica que el Ministerio Público Fiscal requiera su instrucción".

Según indicó la denuncia de Garrido, presentada ante el juez federal Luis Rodríguez, entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013 el activo de Berni "se incrementó en un 631 por ciento (más de 5 millones y medio de pesos), y su patrimonio pasó de 575.822 de pesos a 6.387.832 de pesos, es decir, se incrementó en un 1.009,20 por ciento (más de 5,8 millones de pesos)".

Además, Garrido sostuvo que existen otras irregularidades, tales como "la omisión de declaración de automóviles o dinero en efectivo, inconsistencias en los valores declarados como consumos mensuales y la no declaración del patrimonio de su pareja, con quien recientemente ha tenido un hijo".

El juez Rodríguez le corrió vista al fiscal Delgado para que evalúe si corresponde abrir una causa penal, pero éste se excusó. Es que Delgado hace semanas había hecho una investigación preeliminar en la que remarcó falencias por parte de la Policía Federal, ya sea estructurales o por escasos resultados en materia de trata de personas o bandas de narcos.

Tras ello Berni lo denunció penalmente, y por eso Delgado ahora se excusa de intervenir "por motivos de decoro y delicadeza". Delgado sostuvo que debe haber prudencia, ya que de intervenir "se especularía con el uso de un expediente judicial para responder a una agresión previa".

"Esto no ocurre aquí y ahora, pero ante el riesgo de que se piense y se afecte a la institución tengo que apartarme y dejar que los mecanismos legales eviten semejante especulación", explicó. "Es inevitable, entonces, huir del clima de época y evitar que haga lo que haga no se perciba como el leal cumplimiento - bueno o malo- de las obligaciones de un trabajo", concluyó.

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