Un convenio para contratar el transporte de trabajadores migrantes estacionales, que derivará en el registro de los pasajeros, el destino y datos de los empleadores, es la primera medida que Santiago del Estero adoptó contra el trabajo rural esclavo, pero admiten que “va a costar mucho” acostumbrar a la gente a los controles.

El gobierno santiagueño también controlará la situación de los chicos que concurren con sus padres a las cosechas y en los casos que utilizan documentos apócrifos para lograr ser incluidos en las cuadrillas de peones, adelantó una fuente oficial.

El acuerdo, que dura seis meses, fue firmado por el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, y el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, el pasado 30 de noviembre cuando aún no se conocían las graves denuncias sobre trabajo esclavo que se hicieron públicas en los primeros días de 2011.

“El tema es difícil y va a costar mucho acostumbrar a la gente a los controles, esto es, saber acá en la provincia dónde los llevan, cuándo los llevan y cómo van a estar”, dijo el flamante secretario de Trabajo, Andrés Bernasconi.

Con ese registro las autoridades conocerán el destino de los trabajadores para “garantizar la ida y la vuelta, porque en muchos casos los dejan tirados en cualquier parte y la gente tiene que pagar el retorno a sus hogares”, añadió el funcionario.

Con apenas dos semanas en el cargo, el dirigente sindical aseguró que el ejecutivo provincial se propone conocer a los intermediarios encargados de localizar a los cabecillas, quienes a su vez conducen cuadrillas, integradas por unos 12 ó 15 hombres y que son los que trabajan en los campos.

Sobre este punto, Bernasconi aseguró, no sin ironía, que los primeros consultados son los intendentes y comisionados municipales porque “conocen muy bien a la gente”, y porque “son los intermediarios, esa es la verdad”.

Ciudades puerto. Los controles comenzaron en Ojo de Agua y Sumampa, dos localidades al sur provincial y que, al igual que Loreto, funcionan como ciudades puerto, donde los peones son embarcados rumbo a los distintos campos, según detalló.

El funcionario santiagueño respondió preguntas puntuales.

-¿Habrá sanciones?

-Eso corre por cuenta de la Nación. Nosotros vamos a plantear un registro y esa información va a llegar al Ministerio de Trabajo de la Nación. Ellos son los encargados de llegar a los campos.

-¿Y respecto de las condiciones de trabajo de los peones?

-También este es un problema de años, lleva generaciones y generaciones. En el interior hay gente que ha heredado de los padres o de los abuelos la ida a la desflorada. Tenemos que involucrarnos todos: provincia, Nación y la Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), que aglutina a los trabajadores. Ellos están trabajando con nosotros, pero bueno, les corresponde ver que se cumplan las leyes.

-¿Qué estimación tiene el gobierno sobre la cantidad de peones golondrina?

-A las cosechas van unas 60 mil personas en temporadas de tres, cuatro meses. En algunos casos van dos veces por la desflorada, después por la papa y otros cultivos. Es un trabajo pesado que hace la gente.

-¿Tienen denuncias de reducción a la servidumbre?

-Denuncias no tenemos, sí lo que ha salido en los medios. Nos involucramos porque tenemos que buscar una mejora. (Télam)