El gobierno de Santa Fe reglamentó la ley provincial 12.967 de promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante el decreto 619/10.
  Con la reglamentación, la norma tendrá operatividad y será más sencilla su aplicación, ya que se regularon procedimientos para lograr una real protección de la infancia y la adolescencia santafesina, se indicó.
  Los voceros aclararon que la ley estaba en plena vigencia desde su publicación y que cumple acabadamente con todos los requerimientos emanados de la Convención Internacional de Derechos del Niño y de la ley nacional número 26.061.
  La norma brinda un amplio marco de derechos para los niños, niñas y adolescentes, en la franja etaria de 0 a 18 años. Además de reconocer formalmente los derechos de los que son titulares las niñas, niños y adolescentes, se definen los criterios y modos de actuación de la provincia, adecuados al modelo de protección de derechos.
  El gobierno provincial llevó adelante el proceso de reglamentación de la ley de manera conjunta con los ámbitos institucionales que tienen responsabilidades y competencias específicas a la hora de garantizar los derechos de la infancia.
  Se trata de municipios, escuelas, efectores de salud, de seguridad, jueces de Familia y de Menores, entre otras organizaciones de la sociedad civil.
  A partir del mes de mayo de 2009 se formalizaron espacios de participación institucional, además de crearse un sitio web para recepcionar aportes a la reglamentación de la ley.
  La ley provincial, al igual que la nacional 26.061, rompe con el paradigma del patronato instaurado desde hace 90 años en el país e instala el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes.
  Esta transformación implica generar un modo completamente distinto de trabajo, junto con el Poder Judicial, la policía y con todos los actores que se relacionan con la infancia.
  También supone desarmar un circuito que involucraba a los juzgados de Menores, la
policía y los hogares de internación, y pensar alternativas donde la institucionalización del niño en un hogar sea el último recurso.

Deber del Estado. Por su parte, Andrea Labartete, jefa del Servicio de Salud Mental del hospital de Niños Vilela, de Rosario, remarcó que “la ley puede ser brillante, pero deben existir circuitos eficaces para tomar resoluciones urgentes ante la situación de riesgo que puede correr un niño. Se requieren mecanismos aceitados para que los equipos asistenciales puedan intervenir”.
  “No se debe correr el riesgo de que el niño vuelva a la casa donde puede ser maltratado o abusado, debe existir un lugar de resguardo e instituciones adecuadas para alojarlos. El Estado no puede desatender su responsabilidad y tiene que adecuarlas y transformarlas”, resaltó la psicóloga y psiquiatra.
  Indicó que “falta una red institucional y dispositivos de protección”. Y agregó que “la dirección que interviene en el tema debe tener recursos y presupuestos para implementar lo que establece la ley”. “Además, los equipos intervinientes deben contar con experiencia y estabilidad, en los modos de contratación y pertenencia a la planta de trabajadores”, sostiene Labartete.
  “Los niños deben tener derechos a casa y familia, pero cuando no hay nada de eso, es el Estado quien debe intervenir y no desentenderse del tema”, remarcó.

Desmantelamiento. La nueva norma también ha sido criticada en Santa Fe por colegios profesionales de abogados, psicólogos, asistentes sociales y psicopedagogos. Los puntos de mayor desacuerdo son el desmantelamiento de programas y recursos, las demoras en la reglamentación y la falta de presupuesto para enfrentar la implementación de la ley.  (Télam)