El hecho de que una persona patotee y agreda verbalmente a otros mediante insultos y, sobre todo, mediante manifestaciones discriminatorias, es siempre lamentable e inexcusable.  Que lo haga una jueza, como ocurrió en Capital Federal, quien además se jactó de no haber pagado nunca las multas que le han sido impuestas, es inadmisible. Pero que esa jueza contravencional amenace con hacer uso de sus potestades para enviar a prisión a una persona como modo de venganza personal, es aterrador. La libertad de los ciudadanos no puede estar en esas manos. Realmente, quisiera ver a los colegios de abogados, de magistrados, etcétera expresando su reprobación y solicitando, al menos, la renuncia de la doctora Rosa Parrilli y al Consejo de la Magistratura y tribunales correspondientes imponiendo las sanciones pertinentes.

Nora María Casiello,

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