La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realizará un peritaje y un informe para establecer si el derrame de cianuro en una mina de San Juan manejada por la minera Barrick Gold provocó "afecciones a la salud" de los pobladores.

Así lo solicitó el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la investigación por los daños ocasionadas por el derrame de un millón de litros de líquidos cianurados en ríos de la provincia cuyana, producido el 13 de septiembre del año pasado.

El magistrado también accedió a un pedido del fiscal Ramiro González para que la Universidad de Cuyo realice un estudio de las aguas subterráneas a fin de determinar si son aptas para el consumo humano y si ocasionaron daños a la flora y fauna local.

El derrame en la Mina El Veladero de San Juan es investigado tanto por la Justicia local como por la federal, dado que el hecho fue denunciado ante la Justicia de la ciudad de Buenos Aires por ex autoridades de las secretarias de Medio Ambiente y de Minería.

Una anterior pericia realizada por la Policía Federal determinó que el contaminante derramado sobre el río Jachal fue detectado también en otros cuatro ríos sanjuaninos: Potrerillos, Blanco, Palca y Las Taguas.

La pericia ordenada a la Facultad de Medicina de la UBA se focalizará en los vecinos de las localidades de Jáchal e Iglesias, donde deberán relevarse posibles "afecciones a su salud como consecuencia del derrame de solución cianurada" mediante la extracción de muestras de sangre y orina.

En tanto, el ministro de Ambiente nacional, Sergio Bergman, anunció ayer que el gobierno decidió aplicar la ejecución de "un seguro ambiental" por 90 millones de pesos por el derrame de una solución cianurada que ocurrió en septiembre de 2015 en la Mina Veladero, que opera la empresa Barrick.

Bergman realizó estos anuncios en San Juan, donde ayer visitó a los pobladores que protestan en las ciudades de Jáchal e Iglesia y se reunió con el gobernador, el justicialista Sergio Uñac.

En su encuentro con los ambientalistas, el rabino advirtió que "no le pueden pedir al Ejecutivo o a un ministro que cancele la Mina Veladero porque no lo podemos hacer", pero aseguró que el gobierno macrista "controlará la actividad minera y cuidará los glaciares para que allí no se levanten nuevos emprendimientos". Tras destacar su gesto de ir a "escuchar" los reclamos de los pobladores de Jáchal e Iglesia, señaló que "con respecto al derrame, a nivel nacional se aplicará un seguro ambiental, a través de una cuenta de garantía".

En ese sentido, aseguró que desde la Nación impulsarán "ante la Justicia la ejecución del seguro ambiental por primera vez", que implica una garantía de 90 millones de pesos por el impacto ambiental negativo que produjo el derrame de solución cianurada.

Bergman señaló también ante la prensa local que en su reunión con Uñac "establecimos con el gobernador una agenda de trabajo" donde "la Nación respetará la jurisdicción provincial. Estamos armando agendas interactivas para trabajar por el bien común".

"Respetamos la posición de los que opinan en contra de la minería pero sostenemos la actividad bajo la ley, con controles para que no sea a costa de la salud de la gente", remarcó.

En tanto, el gobernador Uñac destacó que tenía con la Nación "una agenda en común vinculada con el cuidado del medio ambiente y al trabajo en conjunto que seguiremos coordinando y que se va a materializar con un convenio que firmaremos a corto plazo".

"Todos podemos mejorar bajo la seguridad jurídica, que debe ser un camino de ida y vuelta, por eso San Juan accionó imponiendo una multa histórica, la más alta de la historia de la minería argentina", añadió Uñac.

El mandatario aludió así a la sanción que su Ministerio de Minería le aplicó a la compañía por más de 145 millones de pesos por el derrame de más de un millón de litros de una solución cianurada en los ríos de la zona.

La cartera de Ambiente nacional también tiene abierto un expediente por el caso Veladero, que no cumplió con la ley de manejo de residuos tóxicos.

El derrame en Veladero se produjo el 13 de septiembre de 2015, cuando una solución PLS (rica de procesos, cianurada) se fugó por una falla en una válvula de venteo y llegó hasta el río Potrerillos debido a que una compuerta estaba abierta.