Mientras desde el Poder Judicial se abren canales de comunicación con familiares de las víctimas de la tragedia del 6 de agosto en Salta 2141 (ver aparte), un matrimonio que resultó afectado en la explosión solicitó formalmente constituirse como querellante en el expediente donde se investigan las responsabilidades penales del accidente. Luego de que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) revelara que impuso 22 sanciones a Litoral Gas, la semana pasada se realizó un allanamiento en la sede local de la compañía en busca de documentación.
Desde que el expediente 970/13 pasó a manos de la jueza de Instrucción Nº 10, Irma Patricia Bilotta, tras la polémica recusación de su colega Javier Beltramone por supuesto prejuzgamiento, las novedades de la investigación quedaron supeditadas al criterio de los funcionarios judiciales.
En ese contexto, desde Tribunales se solicitó paciencia para que Bilotta tomara el necesario pero urgente contacto con el voluminoso y complejo expediente que permitiera avanzar en la pesquisa. Pero hubo novedades la semana pasada, cuando se conoció que el Enargas entregó un informe a la jueza donde advierte que entre 2009 y 2012, y como resultado de una serie de auditorías realizadas a Litoral Gas, se detectaron distintas irregularidades en la prestación del servicio que derivó en 22 sanciones.
En ese sentido, y con el aval de la fiscal Nº 11 Graciela Argüelles, la jueza ordenó nuevos allanamientos a las oficinas de Litoral Gas, que se concretaron la semana pasado bajo absoluto hermetismo. Según fuentes allegadas al caso, la medida apuntó a encontrar documentación que permitiera sustentar futuras acusaciones respecto al desempeño de la empresa en el edificio siniestrado.
Querella. En tanto, ayer se conoció que un matrimonio que residía en una de las tres torres afectadas y que resultó seriamente damnificado en la explosión, solicitó formalmente constituirse como querellante, lo cual lo habilitaría a ser parte de la investigación, sugerir medidas y hacer un control de la causa.
Se trata de la abogada Marina Gahn y su marido, Diego Sacchi, quienes vivían en un departamento alquilado del primer piso de la primera torre de Salta 2141. "Perdieron todo. Diego estaba en el departamento al momento de la explosión y quedó colgado de una losa, fue uno de los primeros en ser rescatado, pero por suerte sólo sufrió heridas leves. Igualmente el daño psicológico que sufren ambos aún persiste, es importante y están asistidos por profesionales", describió José Alcácer, abogado patrocinante de los damnificados.
El letrado también indicó que la idea de participar del proceso es para "empujar la investigación y darle una mano a la fiscal", quien tiene la potestad de realizar la acusación contra quienes resulten sospechados de tener alguna responsabilidad en el hecho. El matrimonio tenía un contrato de locación original con la inmobiliaria Calvillo, también administradora del consorcio del edificio, y cuyos titulares serán indagados entre el 1º y el 4 de noviembre.
Según el relato de los vecinos, los administradores habrían pasado por alto varios reclamos respecto al deterioro de las instalaciones de gas del edificio, previo a la fuga que generó la conmocionante explosión. Los nuevos querellantes ahora suman tres, si se cuenta al médico Néstor Ferlatti, que residía en el departamento E del cuarto piso de la tercera torre y también formalizó su interés de instar la investigación.
Convocatoria
El juzgado Instrucción Nº 10, a cargo de Irma Patricia Bilotta, y la fiscal Nº 11, Graciela Argüelles, convocan a los familiares de las 22 víctimas del estrago ocurrido el 6 de agosto en Salta 2141. Quienes deseen conocer el avance de la investigación penal pueden solicitar audiencias desde hoy y hasta el 14 de noviembre próximo (inclusive), ante el juzgado y la fiscalía personalmente en el edificio de los Tribunales (Balcarce 1661) de lunes a viernes de 7.15 a 12. 45, telefónicamente al 472-1700 (internos. 5230 o 4121) o vía mail a instruccion10ros@justiciasantafe.gov.ar.
