En diez meses y una semana, el segundo gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff ha transitado un vía crucis escalonado desde todo tipo de frentes —Congreso, Justicia, sociedad y “falsos aliados”— que insisten en empujar a la ex guerrillera hacia el juicio político. En 24 horas, entre martes y miércoles, la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) avanzó en su calvario cuando el Tribunal de Cuentas (TCU) decidió recomendar al Congreso la reprobación de las finanzas del primer gobierno de 2014. En otro día negro para el gobierno, que ahonda la crisis que vive la séptima economía global, los auditores objetaron los gastos señalando que se habían maquillado los números para mejorar el resultado fiscal y que habían detectado distorsiones en la administración de fondos por hasta 106.000 millones de reales (27.390 millones de dólares al cambio actual).
Retrasos. El TCU —un órgano que asiste al Congreso y que fiscaliza las cuentas de otros poderes del Estado— también detectó retrasos en los pagos del gobierno a entidades financieras públicas destinados a planes sociales, obligándolas a usar recursos propios, lo que está vedado por la ley de responsabilidad fiscal que no permite que la banca pública conceda créditos al Tesoro. “No fueron prevenidos los riesgos, ni tampoco corregidos los desvíos que ocasionaron el desequilibrio de las cuentas públicas en cerca de 40.000 millones de reales en el ejercicio 2014 (...) La existencia de operaciones de crédito no registradas, así como el subregistro de pasivos, permite evidenciar resultados fiscales que no son reales”, señaló el ministro Augusto Nardes, a cargo de evaluar el caso, en un voto que fue acompañado en forma unánime por los restantes siete miembros del TCU.
Los dictámenes del TCU no poseen consecuencias per se y solo sirven para recomendar una u otra postura al Legislativo. Pero su decisión de rechazar el balance del gobierno, algo que no hacía desde 1937, es, según analistas y detractores del gabinete, un paso más en los intentos por lograr un proceso de destitución de la presidenta. El veredicto del TCU “fue la pala de cal del gobierno Dilma”, resumió el diputado Rubens Bueno, del Partido Popular Socialista (PPS), citado ayer por el diario Folha de Sao Paulo. “Esta decisión del TCU refuerza la necesidad de llevar adelante el proceso de «impeachment» (juicio político) por delito de responsabilidad por parte de la presidenta”, agregó a su turno el legislador socialdemócrata Carlos Sampaio, en referencia al delito por incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, del que sería acusada Rousseff en caso de que el Congreso acoja la recomendación del TCU.
Una visión técnica sobre el asunto que va en la misma línea es la del jurista Hélio Bicudo, ex fundador el PT e impulsor de uno de los pedidos de apertura de juicio político contra Rousseff. “Sin duda, el dictamen da fuerzas al pedido de «impeachment» que hice porque muestra que las irregularidades que señalé son de hecho delictivas, apuntan hacia el delito de responsabilidad, que según la Constitución es suficiente para retirar al jefe del Ejecutivo del cargo”, afirmó en declaraciones que recoge ayer el diario O Globo. “El rechazo de esas cuentas le da fuerza política al pedido (de juicio político) ya que el proceso de impedimento es dinámico y depende de factores no jurídicos. Si fuera un análisis puramente técnico, la presidenta Dilma ya estaría destituida, pero el análisis y el veredicto dependen de la Cámara (de Diputados), que es un animal político”, completó.
Politización. En el frente opuesto, el jurista Dalmo Dallari, también citado por el rotativo, calificó como “lamentable” el veredicto, que a su entender fue “político y no jurídico”. “Sin perjuicio de ello, creo que el resultado es indiferente para la discusión sobre «impeachment» porque la presidenta no puede ser responsabilizada por actos ajenos al ejercicio del mandato (actual)”, opinó.
Al revés sufrido por el gobierno ante el TCU se sumó el miércoles otro traspié en el Congreso, el mismo que tendrá en sus manos decidir si cometió o no delito de responsabilidad. En lo que fue definido por analistas como una “derrota humillante”, el gobierno no logró el quórum necesario para que el Congreso votara por el mantenimiento o la anulación de los vetos presidenciales a reajustes de salarios públicos, que son considerados “bombas fiscales” por el equipo económico debido al volumen de gastos extras que le significarían al Estado.
Aliados ausentes. La bancada con mayor número de ausentes fue la del principal socio de la coalición de gobierno, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que se permitió sublevarse solo dos días después de que Rousseff sacramentara una reforma ministerial en la que amplió su participación en el gabinete, le dio la “frutilla de la torta”, el ministerio de Salud, y cesó a su hombre de confianza, Aloizio Mercadante, a quien esos aliados no querían.
La “derrota humillante” del miércoles pareció ser una réplica de la primera, del martes, cuando se suspendió la votación crucial para el gobierno también por falta de quórum. Pero no fue la primera que le aplica el Congreso, que es el responsable de que no haya prosperado en todo su potencial el ajuste fiscal que el Ejecutivo intenta aplicar para sacar a la economía del fondo del pozo.
Sin precedentes. El Poder Judicial, a su vez, también dio una mala noticia a Rousseff el martes, cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió, por cinco votos contra dos, reabrir una Acción de Impugnación de Mandato Electivo (AIME) presentada por la oposición contra Rousseff y Temer. La acción, la primera de este tipo en la historia del país, se basa en sospechas de que la campaña electoral recibió fondos desviados de Petrobras. Lo que parece ser un derrotero para Rousseff ya comenzó a perfilarse cuando asumió su segundo gobierno, en enero. Su respaldo popular, de 42% en diciembre, cayó al 10% según un sondeo divulgado la semana pasada, al tiempo que sendas manifestaciones que pedían su salida tomaron las calles en tres oportunidades este año.
En tanto, el mundo financiero mira con recelo la combinación de crisis política y económica, que originó que la séptima mayor economía del mundo peligre caer al noveno puesto ante una perspectiva de retracción este año de entre 2,5 y tres por ciento.
