“En términos de violencia interpersonal, Rosario es una de las ciudades menos inseguras de América latina”. Quien pronunció esta afirmación es el abogado y criminólogo rosarino Enrique Font, designado ayer secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia.
  Esta dependencia desarrolla políticas y programas de participación ciudadana para prevenir delitos. Para tal fin el funcionario designado cree que son claves las acciones de los municipios.
  Font ya colaboraba con la gestión del gobernador Hermes Binner. Desde el año pasado supervisa un proyecto de intervención para el abordaje del delito en la ciudad de Santa Fe, en el ámbito del Ministerio de Seguridad.
  Ahora reemplaza en el cargo a Ubaldo Modarelli, que fue designado para coordinar el programa de titularización de viviendas sociales, en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. Font tomará el cargo en agosto.
  —¿Qué implica el trabajo en seguridad comunitaria?
  —Implica ser coherentes con la concepcion que piensa la seguridad como un fenómento multifacético complejo y que como tal requiere abordajes de corto, mediano y largo plazo. Ser coherentes supone reconocer que el fenómeno de la seguridad, más o menos serio o lesivo, requiere ser abordado por un conjunto de intervenciones que complementan las tradicionales policiales o punitivas. Y tienen que ver con vincular otras áreas del gobierno, de las politicas públicas, al abordaje de los problemas de seguridad. La idea de comunitario no se limita a la participación de la sociedad civil en la materia: hay que sumar a eso la articulación de políticas públicas.
  —Qué otras areas del gobierno deberían participar en esta tarea?
  —Depende del problema para involucrar a distintas áreas. Por ejemplo, si existe una cuestión que involucre violencia interpersonal con armas entre jóvenes pero que no está vinculada con una economía delictiva, deberá tener un abordaje que implique políticas hacia el tiempo libre, la inclusión y la exclusión social en clave no sólo material, sino también simbólica y cultural y que tenga que ver con reducir una economía de armas.
  Acá existe una lógica mucho más de desarrollo social y de cultura. Cito otro ejemplo: el robo de ciclomotores, donde hay una fuerte victimización entre la persona que transita en el ciclomotor y quien lo roba. En este caso, aparecen otros aspectos además de la intervención policial. Se debe operar sobre un mercado ilegal de compraventa de motos. Para eso hay que controlar las habilitaciones municipales de comercios donde se venden (los rodados), verificar si los vehiculos tienen patente y arreglar con las concesionarias para que las motos nuevas se vendan patentadas.
  —Suele sostenerse que la seguridad es competencia de la policía. ¿Qué opina de esto y de la decisión de algunos sectores de la sociedad de garantizar su propia seguridad?
  —Hay aspectos importantes de la trayectoria del fenómeno de la seguridad que tiene que estar en manos de la policía. Por algo (la fuerza) cuenta con 17.500 empleados, funciona la 24 horas y los 365 días del año, pero hay cuestiones en las que tienen mucha incidencia y otras —lo reconocen los policías— escapan a su órbita de intervención. Por ejemplo, la violencia interpersonal por conflictos vecinales.

Distinciones. En este caso, la fuerza tiene que intervenir para aclarar los hechos, pero no le toca abordar los problemas de un barrio por hacinamiento, por ejemplo. Hay variables que exceden a la clave policial. Lo vital es que la intervención policial sintonice con la de desarrollo social de un municipio. A veces el rol que juega un club, un partido político, un espacio cultural o religioso en un barrio en términos de brindar recursos para el tiempo libre es clave en lo que es una política de inclusión y de prevención del delito.
  —¿Cómo será el trabajo con las vecinales y los municipios?
  —El municipio es un actor fundamental en materia de prevención del delito y seguridad. Los municipios grandes de la provincia tienen una responsabilidad crucial en lo que es la atención primaria de la salud, en la cuestión social. Es lo mismo en términos de habilitar y posibilitar el rol con la sociedad civil. No es el foro el único mecanismo de participación civil. Una encuesta de victimización es una buena forma de valorar demandas y necesidades concretas que tiene la sociedad.
  —¿Cómo vislumbra la situación de seguridad urbana en Rosario?
  —La ciudad tiene una evolución en los últimos 18 años muy parecida al resto de las grandes ciudades argentinas como Córdoba, Capital Federal y Mendoza. Tienen tasas de homicidio cada 100 mil habitantes que parten de una base baja de principios de los 90, se incrementan de manera significativa en la segunda mitad de esa década, y se produce un amesetamiento en los últimos años.
  En el tema de la violencia letal, Rosario se comporta como esas ciudades. No es el caso de la ciudad de Santa fe, que ha tenido una curva ascendente en los homicidios. El delito más preponderante en Rosario es idéntico al más prepoderante en otras ciudades argentinas: el arrebato de objetos en vehículos, que no involucra relación entre la víctima y el victimario ya que los ilícitos ocurren cuando el propietario del bien no está presente.
  A su vez, las encuestas marcan hasta el 2002, en Rosario, un nivel de descenso muy poco notorio en lo que son robos a mano armada. Sin embargo, esto es muy difícil medirlo con denuncias porque la estadística basada en denuncias y lo que llamamos delito registrado fluctúa. Es una cifra negra muy significativa en el caso de robos, hurtos y arrebatos, pero es un dato poco fiable para ver la evolución. El dato marca la denuncia y no la realidad del hecho.

Realidad y percepción. Comparativamente con otras ciudades de Argentina, en cuestiones de violencia interpersonal, Rosario es junto con las ciudades grandes de Uruguay y Chile una de las menos inseguras de América latina. En Argentina, Chile y Uruguay, la violencia interpersonal comparativamente con el resto del continente es baja. Sin embargo, sabemos que la percepción social de los fenómenos no se mueven necesariamente con relación a las tasas.