La expropiación de YPF, que restablece la soberanía nacional de los recursos, expresa una decisión clave para el desarrollo del país, y revierte una medida -la privatización- que nunca debería haberse tomado. Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue creada en 1922 por Hipólito Yrigoyen, abierta a la inversión privada por Frondizi, y vuelta a recuperar por Arturo Illía. El neoliberalismo menemista, con el apoyo incondicional de quienes hoy gobiernan, fue quien impulsó la privatización, y abrió la puerta a los negocios privados, a expensas del bienestar de los ciudadanos de la Nación. Los que en la década del 90 festejaban la venta de YPF a capitales extranjeros son los mismos que hoy aplauden la decisión de la presidenta, sin prácticamente ninguna autocrítica. La evolución de los últimos años ha puesto en evidencia la desidia del sector privado, plasmada en la ausencia de inversiones, y sobre todo la falta de control por parte del gobierno nacional, lo que condujo invariablemente al déficit energético, la pérdida del autoabastecimiento y a la consecuente salida de divisas. Jamás hubieran imaginado Yrigoyen, Mosconi o Illia que la Argentina en el siglo XXI tuviera que importar gas y petróleo. La estatización es una buena medida, pero no agota ni resuelve los problemas energéticos del país ni la sustentabilidad del desarrollo. Esperamos que éste sea el inicio de una discusión profunda acerca de la política energética, que promueva iniciativas claras, transparentes y eficientes en la gestión de los recursos claves.