La Cámara Federal porteña revocó por "prematuros" los sobreseimientos del ex secretario de Comercio Interior y actual agregado en la embajada argentina en Italia, Guillermo Moreno, y del titular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, en la causa por supuesta inserción de datos falsos en un acta de asamblea de Papel Prensa.
La Sala II de la Cámara ordenó profundizar la investigación y consideró que fue "prematura" y "apresurada" la decisión del Juzgado federal 3 en dictar los sobreseimientos a los imputados.
El tribunal de alzada ordenó al juez Daniel Rafecas avanzar en la investigación, con la posibilidad incluso de llamarlos a prestar declaraciones indagatorias.
La causa se inició por una denuncia del Grupo Clarín, sobre la presunta inserción de datos falsos en el acta pública de la asamblea de accionistas de Papel Prensa, realizada el 20 de octubre de 2010.
Según la acusación, allí se habría consignado que la asamblea votó a favor de que la Sindicatura General de la Nación designara a un contador certificante de los estados contables de Papel Prensa S.A. y una copia de esa acta se presentó en el Juzgado en lo Comercial Nº2.
La nota, según la resolución, estaba firmada solamente por escribana adjunta de la Escribanía General de la Nación, Vanina Capurro, quien es otra de las acusadas.
Según la denuncia, se habría documentado que el "acto constituyó la continuación de una asamblea de accionistas de la empresa Papel Prensa SA convocada para designar un contador que certificara los estados contables".
Pero la sospecha es que no fue así, sino que la reunión y posterior votación ya se habían realizado.
"Según la imputación, lo consignado no se ajustaba a la realidad, pues la reunión societaria había ya concluido, habiéndose votado sobre el asunto materia del orden del día. Todo lo anterior habría tenido por propósito transgredir la voluntad expresada en la asamblea legítima, nombrándose a un profesional de la Sindicatura General de la Nación para que, por fuera de sus deberes propios, realice la tarea mencionada", invocó el fallo.
"Las evidencias aportan aval a la hipótesis del acusador dando pie a un grado primario de sospecha respecto del carácter delictivo de los comportamientos denunciados", sostuvo el fallo, e hizo mención a que "los imputados efectivicen sus actos de defensa" declarando frente al juez.
Los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun consideraron que "resulta prematuro descartar la aptitud de las falsedades detectadas", mientras que el tercer camarista, Carlos Farah, votó en disidencia.
"Consecuentemente, advirtiendo que a esta altura no cabe escindir las diferentes variantes en torno al encuadre típico, votamos por revocar los sobreseimientos apelados, encomendando al juez que proceda con arreglo a lo apuntado", concluyeron Cattani e Irurzun.
En la etapa de instrucción todos estuvieron imputados de los supuestos delitos de "falsedad ideológica de documentos públicos" y "peculados de servicios", que en Código Penal prevé condenas de uno a 6 años de cárcel y de dos a 10 años, respectivamente.
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