La tempestad azotó a Rosario; una ciudad con "300 mil pobres y 100 mil excluidos", según apuntó esta semana la vicegobernadora de Santa Fe, Griselda Tessio. Mucha de esa gente salió a reclamar. Se llegaron a armar 20 piquetes en un mismo día y se bloquearon los accesos. Hubo denuncias de piedrazos, robos y hasta cobro de peaje. No faltaron los comentarios discriminatorios hacia los piqueteros ni los que evaluaron la presencia de "pícaros", "agitadores" y "oportunistas" en los cortes. También los vecinos del centro hicieron uso de este método para pedir luz y agua. Todo en la misma ciudad. Esteban Iglesias, doctor en ciencia política de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y estudioso de las protestas sociales, analiza este escenario para LaCapital y rescata a las organizaciones como las piqueteras, frente a la posibilidad de una sociedad atomizada.

—En estos días volvió a escucharse el viejo debate entre el derecho de protesta y el de circulación. ¿Debe prevalecer uno sobre otro?

—En una democracia todos pueden protestar, es más, sólo en democracia se puede protestar. Acá hay un cruce de reclamos, la clase media que pide luz y agua, y las populares que piden chapas y colchones porque su vida cotidiana está devastada, pero los pedidos no son incompatibles. La exigencia de derechos es siempre conflictiva, sobre todo en un marco político democrático, pero no está mal exigirlos porque nunca están garantizados definitivamente. Siempre la ciudadanía tiene que hacer un poco de presión para que se hagan efectivos, esto es básico en la democracia, donde la tolerancia es muy complicada. Hoy coexisten formas de protesta en el repertorio social argentino; como la huelga, tradicional e institucionalizada, y el piquete, que no lo está, pero también es efectivo. Sería bueno comenzar a pensarlo en esos términos.

—¿Cómo podría institucionalizarse el piquete?

—Eso deberá debatirse entre quienes realizan los piquetes. Posiblemente se pueda pensar, entre otras cosas, en hacer los cortes de a ratos. Hay elementos que por sí solos no definen la identidad política piquetera —gente desocupada, cortes y debate en asamblea—, pero en forma asociada sí. El piquete como forma de protesta no es nueva, la usaron los trabajadores de mediados de siglo XX como algo subsidiario de la huelga. Pero en ese momento no brindaba identidad política. Ahora muchos pueden hacer cortes, pero no a todos les gusta que los llamen piqueteros, la identidad social y política no es la misma en el corte de Gualeguaychú que en el de Circunvalación. No es lo mismo si está en el reclamo la Corriente Clasista y Combativa (CCC), ligada al Partido Comunista Revolucionario y a sectores con pobreza estructural, que si está la Federación de Tierra y Vivienda, con la línea sindical de la CTA, que entiende que el principio de igualdad puede darse desde el Estado y participa del gobierno. En Rosario los piquetes tienen presencia después de 2000, más tarde que en el Gran Buenos Aires, donde hubo un proceso político previo en territorio. Acá aparecen de golpe ante fenómenos bestiales como la falta de representación y el fenómeno estructural del desempleo; y esto marca diferencias, como que en Rosario con los gobiernos socialistas hubo una gestión social distinta, hubo más contención con los sectores populares.

—Esta semana más que contención hubo fricciones.

—Acá llegó a haber veinte piquetes, y en algunos con muy poca gente. Un corte chico también habla de falta de representación, algo que no es bueno ni siquiera para el gobierno, porque se complica la gestión, la desconfianza entre los interlocutores es mutua. Rescato la existencia de las organizaciones sociales en general, sea piquetera o de agropecuarios; siempre es mejor que las haya. Es beneficioso para la trama social y para los gobiernos, porque a través de ellas hay referentes políticos con quienes dialogar y no individuos; una sociedad atomizada.

—¿Qué opina de la entrega de planes sociales?

—Creo que los planes son sumamente necesarios e insuficientes. Debería pensarse en una especie de seguro, un ingreso universal como el que plantea Elisa Carrió (ingreso al jefe de hogar desocupado garantizado fiscalmente). Si el Estado no interviniera sería mucho peor. Claro que es una forma de apagar el incendio. Pero a nadie le puede gustar vivir con planes de 150 pesos, eso es insostenible. Lo importante es pensar en una sociedad un poco más justa y diseñar políticas de Estado vinculadas al empleo y a la distribución de la riqueza.