El fiscal federal de Rosario Gonzalo Stara pidió ayer la pena de 20 años de prisión para dos militares retirados, imputados en un juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la localidad santafesina de San Lorenzo, y 18 años para un civil acusado de complicidad.
En su alegato el representante del Ministerio Público Fiscal consideró ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario, que los militares retirados Osvaldo Cervera y Horacio Maderna son coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas, y de la aplicación de tormentos contra la víctima, calificados por tratarse de un perseguido político.
A la vez, Stara consideró al tercer imputado en el caso, el abogado Pedro Pili Rodríguez, como partícipe necesario de los mismos delitos de los que fue víctima el ex secretario general del Sindicato de Municipales de la localidad de San Lorenzo Manuel Casado.
En el debate oral iniciado el 22 de marzo pasado se juzga la privación ilegal de la libertad, tormentos, violencia y amenazas que sufrió Casado, titular del Sindicato Municipal de San Lorenzo, quien fue secuestrado por el Ejército el 25 de marzo de 1976.
Tras declarar en el juicio oral, Casado falleció el 13 de junio pasado por una enfermedad hepática. Según fuentes judiciales, la sentencia se conocería antes de fin de mes.
En la causa están imputados por esos hechos Cervera y Maderna, quienes fueron jefe y subjefe del Batallón de Arsenales 121 de la localidad de Fray Luis Beltrán durante la última dictadura, e intendente y secretario de Gobierno de facto del municipio sanlorencino tras la intervención militar.
Además, está procesado el abogado Pedro Rodríguez, un militante peronista que colaboró con la intervención municipal desde su cargo de asesor jurídico de la Intendencia.
Largo alegato.En su alegato, que duró seis horas, el fiscal Stara sostuvo que "ha quedado acreditado el caso y las pruebas que lo avalan".
Brindó un detalle del secuestro de Casado en el centro de San Lorenzo, su posterior interrogatorio en la Municipalidad de esa ciudad y el traslado al centro clandestino que funcionó en el Batallón de Arsenales 121, donde fue sometido a picana eléctrica en los testículos.
De ese modo, planteó que las posibles "condenas significarán que el Estado no omitirá rendir cuentas por crímenes cometidos hace más de 37 años" y subrayó que "todo este proceso ha avanzado como una forma de devolver a los imputados el Estado de derecho antes de usurpar el poder, para no tratarlos como enemigos, como ellos hicieron con sus víctimas"
El representante del Ministerio Público Fiscal dio por acreditado que los imputados "usaron el Estado para cometer los crímenes" que se les achacan y que "el daño ocasionado a la víctima es inusitado".
Por esa razón, dijo que "las penas por la intervención de los imputados en los hechos probados deben ser las más altas".
Así, el fiscal solicitó 20 años de prisión en cárcel común del Servicio Penitenciario Federal para Cervera y Maderna, y 18 años para Rodríguez, a quien consideró partícipe necesario de los hechos ventilados durante el debate oral.
"Ninguna norma avala que los imputados lo hagan (el cumplimiento de la posible condena) en dependencias de fuerzas de seguridad ni en bases militares", planteó Stara.
En esa línea, el fiscal solicitó al tribunal que envíe al Juzgado Federal Nº4 de Rosario distintas actuaciones del juicio para que se investigue a los imputados como posibles autores de delitos de lesa humanidad contra otras víctimas mencionadas en esta causa.
Acusado por encubrir una red de juego clandestino también fue condenado el exmpleado de la Fiscalía, Nelson Ugolini, que recibió la pena de 5 años de cárcel.
Por Elbio Evangeliste