Raúl Alberto Garré, jefe de Gabinete de asesores del Ministerio de Seguridad, presentó ayer su renuncia al cargo en medio del conflicto entre la administración kirchnerista y Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.

El hermano de la ministra Nilda Garré fue el encargado de redactar la resolución que modificó los salarios de las referidas fuerzas de seguridad, dando inicio a las protestas de gendarmes y prefectos, que se negaban a volver a sus cuarteles hasta no tener una respuesta a sus reclamos.

Justamente, los reclamos iniciados hace ocho días por efectivos de ambas fuerzas comenzó ayer a ceder terreno ya que solamente continuaba en el edificio Centinela, donde un reducido grupo de gendarmes, que mantiene un campamento en su explanada.

En este marco, ayer se despejó la medida de fuerza en el edificio Guardacosta, donde integrantes de la Prefectura habían iniciado la demanda.

Raúl Maza, uno de los gendarmes que oficia de vocero de los agentes que protestan, explicó que "los prefectos tuvieron ayer planes de llamada", es decir que "recibieron llamados de sus superiores para presentarse en sus puestos de trabajo por tiempo indeterminado".

La renuncia de Raúl Garré quedó plasmada a través del decreto 1.891/12, que lleva las firmas de la presidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manuel Abal Medina, y la propia Nilda Garré.

Raúl Garré, quien ejercía en forma interina como secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior en la cartera que encabeza su hermana, redactó el decreto 1.307/12, resolución que debía encargarse de regularizar la situación salarial en Gendarmería y Prefectura.

Sin embargo, su aplicación fue lo que activó la protesta que ya lleva ocho días, dado que efectivos de ambas fuerzas alegan que sus ingresos se vieron reducidos entre 30 por ciento y 60 por ciento.

Días atrás, Abal Medina reconoció que la liquidación de sueldos fue "desastrosa" y responsabilizó por el hecho a las cúpulas directivas de ambas fuerzas por intentar mantener sus "privilegios" salariales, que ascendían hasta los cien mil pesos.

En ese contexto, ayer el Ministerio de Seguridad realizó una denuncia penal contra el ex director nacional de Gendarmería Héctor Schenone y su ex segundo Juan Obdulio Sainz por los delitos de "administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública" y "tráfico de influencias".

De acuerdo con la denuncia, existieron "algunos casos" en los que, gracias a fallos judiciales "se habían liquidado diferencias mayores al 800 por ciento respecto del haber o sueldo mensual".