A más de tres años de iniciada la investigación judicial y cuando apenas faltaba un paso para el dictado de la sentencia, imprevistamente un juez provincial se declaró incompetente y giró a la Justicia Federal la causa penal que se instruyó para esclarecer la muerte del periodista de La Capital Marcelo Abram, atropellado por una lancha mientras nadaba en el río Paraná el 14 de noviembre de 2012. En ese expediente hay dos personas imputadas y procesadas: el conductor de la embarcación y un acompañante, acusados del delito de homicidio culposo y encubrimiento, respectivamente. La fiscal que impulsa la acusación apeló la resolución. "Importa un grave retardo de justicia que puede provocar la extinción de la acción penal, lo que podría producir un agravio irreparable", contestó la titular del Ministerio Público.
Abram, de 51 años, fue literalmente atravesado por el motor de una lancha tripulada por varias personas mientras nadada en una franja (cancha) paralela a la Rambla Catalunya.
Cerca de las 14.30 la lancha (de nombre Touche, matricula 044021) embistió al periodista y las aspas del motor le provocaron heridas tan graves en la espalda que, a pesar del esfuerzo de amigos y conocidos que lo asistieron apenas pudieron sacarlo del agua, por lo que murió desangrado a poco de ingresar al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.
La causa judicial abierta (en el sistema escrito) para esclarecer las responsabilidades penales del hecho recaló en el juzgado Correccional Nº 10, a cargo de Marcela Canavesio. La jueza debió esforzarse para sortear la estrategia defensista que trató de tergiversar la mecánica del hecho y entorpecer la identificación de él o los autores del homicidio.
Luego de versiones encontradas y encubrimientos, finalmente se los pudo ubicar y someter al proceso. Se determinó quién era el conductor de la lancha que mató al "Turco", como le decían afectuosamente al redactor de este diario.
En mayo de 2013 la jueza obtuvo el grado de sospecha suficiente que la habilitó primero a imputar y luego a procesar al timonel de la embarcación por el delito de homicidio culposo frente a un evidente obrar cuanto menos negligente e imprudente.
Se determinó incluso que el conductor no tenía carné habilitante de timonel, que zarpó de una guardería náutica de Granadero Baigorria sin la autorización correspondiente y que la lancha que conducía no estaba a su nombre, sino de una mujer que fue convocada varias veces a Tribunales en el marco del juicio, pero nunca se presentó a declarar.
La jueza también le achacó responsabilidades a los otros dos tripulantes de la lancha por ocultar información y distorsionar los hechos.
En marzo de 2014 la fiscal Graciela Argüelles elevó la requisitoria a juicio tomando como argumentos las sólidas evidencias colectadas por la jueza. En junio el expediente pasó a plenario al juzgado Correccional Nº 9, a cargo en ese momento de Eduardo Núñez Cartelle. Como ese funcionario fue al nuevo sistema penal oral, sus causas se redistribuyeron y el plenario quedó en manos del juez Juan José Alarcón desde fines de 2014. Allí comenzó a empantanarse la causa cuando se abrió la etapa de pruebas, con planteos e incidentes de la defensa del acusado. El primero fue un sugestivo pedido de cambio de radicación de la causa y su remisión a la Justicia Federal que hizo la propia dueña de la lancha.
Argüelles se opuso. Es que esa persona no está habilitada para realizar ese tipo de planteos porque no es parte del proceso. Pero detrás de ella llegó el pedido formal de los abogados del timonel, quienes solicitaron que la causa fuera girada a la Justicia Federal por incompetencia territorial al considerar que el hecho ocurrió en las aguas del río Paraná, jurisdicción del Estado Nacional.
Nuevamente le corrieron traslado a la fiscal y otra vez se opuso al cambio de radicación. En el mismo escrito le pidió al juez que se expida sobre la incompetencia, clausure la etapa probatoria y proceda con celeridad atento al tiempo transcurrido, y ante un eventual retardo de justicia.
Sin embargo y cuando todo hacía suponer que se clausuraría la etapa de pruebas, se daría paso a los alegatos finales y a la sentencia definitiva, Alarcón resolvió hacer lugar al pedido de la defensa.
Sorpresivamente el jueves de la semana pasada emitió una resolución donde declara la incompetencia material de su juzgado para intervenir en el juicio, y ordena remitir el expediente al juez federal en turno en la fecha del hecho.
Pero la fiscal Argüelles se alzó contra esa determinación. En un escrito de apelación, la funcionaria señala que no comparte el argumento desarrollado por el juez para atribuir la competencia territorial a la Justicia Federal, que es "excepcional".
"No es suficiente que el hecho se haya cometido en ríos o aguas navegables de jurisdicción federal", reflexiona y pone el acento en que el "homicidio culposo que se investiga en este caso está circunscripto a los alcances del denominado Derecho Común, que es asignado a la competencia de la Justicia ordinaria".
Finalmente critica Argüelles que remitir la causa a la justicia federal "importa un grave retardo de justicia que puede provocar la extinción de la acción penal, que podría producir un agravio irreparable".
