El accionar de los ejecutores fiscales que patrocinan las deudas por la tasa general de inmuebles (TGI) —que data desde 1985— quedó modificado ayer por una resolución del Concejo Municipal que optimiza la relación del fisco local con el contribuyente. La movida surgió por la quejas y reclamos que los vecinos llevaron al cuerpo deliberativo y que aluden a excesos de honorarios y hasta cobro de montos prescriptos.

En su edición del 19 de mayo LaCapital anticipó las iniciativas y un lector llegó al Palacio Vasallo para denunciar su caso por el que, además, ayer se aprobó un pedido de informes al Ejecutivo (ver apoyo).

"Es una iniciativa saludable; de hecho vamos tendiendo a eso y acompañamos toda idea que tenga que ver con la transparencia", dijo el subsecretario de Economía, Juan Francisco Dogliani, con respecto a la innovación propuesta por el proyecto aprobado de la concejala Daniela León.

Se trata de un sistema de liquidación automática de honorarios y costas que deberá proveer la Municipalidad, de acuerdo a la ley provincial Nº 12.851. Esta modalidad se aplicará cuando no exista regulación por parte de un juez o tribunal.

La iniciativa también prevé que los procuradores a cargo de la gestión de deudas municipales no podrán "exigir el cobro de honorarios antes de que el contribuyente haya cancelado la acreencia fiscal o bien haya perfeccionado un convenio de pago conforme a las normas vigentes".

Además, el proyecto presentado por León, determina que el pago de honorarios se realizará mediante depósito en la cuenta del Banco Municipal de Rosario, a través de la boleta que emita el sistema de liquidación automática. Además, los ediles aprobaron una propuesta del edil Oscar Greppi que pide investigar denuncias sobre el accionar de ejecutores fiscales y, de confirmase alguna irregularidad, se inicien sumarios o se instruyan sanciones.

Cambios. ¿Por qué son necesarias las modificaciones? Los considerandos del proyecto hablan de "evitar errores en la confección de las liquidaciones". Los ediles dan cuenta de una serie de denuncias y reclamos de los vecinos que llegan al Concejo y los afectados hablan de honorarios excesivos, pagos fuera de los bancos y hasta cobro de deudas prescriptas.

Desde la Municipalidad explicaron que el cobro de deuda judicializada se realiza en diferentes frentes. El que se lleva todos los reclamos es un esquema de gestión judicial de deuda que funciona desde 1985 y que en la actualidad cuenta con 8 procuradores. Además, hay un grupo de 18 ejecutores contratados. En todos los casos trabajan en sus estudios. Aunque también aclararon que, para superar problemas, este diseño de tercerización va camino a un nuevo formato: la oficina de cobranza judicial con profesionales propios y en sede del municipio para estar en estado de mejor defensión.

"El grueso de las quejas es por exceso de honorarios, aunque hay casos se trata de montos legítimos porque además del 5 por ciento sobre la cantidad adeudada también se facturan gastos de gestión y aportes jubilatorios de los profesionales", comentaron las fuentes oficiales.

Además, explicaron que las quejas las recibían desde la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, adonde llegaban los deudores angustiados a reclamar por pretensión de desmesura en los cobros u otras anomalías. En el camino de los reclamos también quedan "situaciones de litigio" que los ejecutores del esquema de 1985 plantearon a la Municipalidad a través de amparos por el cobro de honorarios.

Con respecto a las denuncias de cobro de deudas prescriptas, desde Hacienda recomendaron seguir los procedimientos a fin de dilucidar responsabilidades, sentido en el que avanza el proyecto de Greppi. Esto puede realizarse tanto en la Municipalidad como en la Oficina del Consumidor.