Deseo manifestar mi coincidencia con la opinión vertida por el señor Carlos Daniel García en su carta que tituló Registro no llame, publicada el domingo 20 de enero pasado en esta sección. En breve en nuestra provincia, las empresas de telemarketing estarán obligadas a consultar ese registro, para no llamar, ni enviar mensajes publicitarios a titulares de teléfonos fijos o móviles inscriptos en ese instrumento legal. Desde que en 1989 se produjo el advenimiento a la Argentina del primer celular (el DynaTAC 8000X de Motorola) que funcionó con la red de Movicom), el gobierno nacional debió haber regulado todos los aspectos que hacen al respeto que merecen los abonados telefónicos. Por eso después de años, ante un vacío de supervisión y/o de sanciones, algunos estados provinciales aprobaron leyes con las que fue creado el registro "No llame", a pesar de las presiones ejercidas por empresas de call center o telemarketing como sucedió en la ciudad de Buenos Aires, que puso en vigencia el registro en octubre de 2009. Córdoba lo hizo en noviembre de 2011, y recién en septiembre de 2012 el Senado nacional dio el "visto bueno" a un proyecto de ley con igual propósito pasándolo a Diputados. Por su parte, la Legislatura de Santa Fe aprobó la ley del "No llame" en agosto de 2010 y la reglamentó en agosto de 2012, faltando sólo crear un "0800" y un sitio web donde registrarse para no recibir las habituales e insoportables llamadas, así como los onerosos mensajes de texto. Ahora bien, según mi punto de vista, las leyes sancionadas pudieron haber sido estructuradas exactamente a la inversa, es decir, la prohibición para que empresas y consultoras molesten a toda hora; la prohibición para que los SMS sean cursados a mansalva agotando rápidamente el crédito de los celulares, debiera ser automática. Y aquel que se sienta encantado con esos procederes, podría solicitarlos expresamente para permitir atropellos a su privacidad y a su crédito como cliente de una telefónica. Pero como la pasión burocrática domina casi totalmente los ámbitos de la administración oficial y privada, todo se hace, salvo honrosas excepciones, complicando la vida de la gente. En cuanto a la ley sancionada en nuestra provincia, creo que no tendría que permitir a los bancos estar exentos de la imposibilidad de ingresar con sus promociones, para eso tienen Internet y el correo postal. Además, no sé si la reglamentación exige a las compañías telefónicas prestadoras, que cursen avisos y publicidad en forma moderada y gratuita.

Edgardo Urraco