El gobernador Hermes Binner estableció por decreto un nuevo sistema para la selección de postulantes a cubrir cargos de fiscales y defensores públicos tras el cambio de sistema penal. La medida permitirá completar la reforma del proceso penal santafesino que, entre otros cambios, reemplaza el juicio escrito y secreto por el oral y público. Los nuevos puestos serán elegidos por concurso público.
  El nuevo sistema de selección permitirá cubrir los cargos que surgen tras la reforma del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de Defensa Penal. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicaron que “la integración de estas instituciones representa un paso fundamental en la implementación de la reforma penal, que implicará más transparencia, más eficacia en la persecución penal y mayor respeto a víctimas e imputados”.
  El decreto del gobernador dispone que mediante el renovado sistema de concursos se cubrirán los cargos de fiscal general, fiscales regionales, fiscales y fiscales adjuntos; mientras que en el ámbito de la defensa pública se seleccionarán el defensor provincial, defensores regionales, defensores públicos y defensores públicos adjuntos.

Funciones. En el nuevo sistema de enjuiciamiento, el Ministerio Público de la Acusación deberá ejercer la persecución penal, dirigir a la policía y reunir las pruebas para demostrar el sustento de la acusación. La política general de la institución y la organización administrativa serán fijadas por el fiscal general. Por cada una de las cinco circunscripciones judiciales se designará, además, un fiscal regional que deberá dirigir y coordinar a los miembros del área a su cargo, además de fijar criterios de asignación de casos y promover trabajos en equipo.
  El Servicio Público de Defensa Penal, en tanto, se ocupará de asistir a las personas acusadas de un delito hasta la extinción de la pena y que, por distintos motivos, no designen un abogado particular. El funcionamiento del área será pautado por el defensor provincial y cinco defensores regionales.

Concurso público. A partir del reformado modo de selección, los postulantes a ocupar esos cargos deberán participar de un concurso público de oposición y antecedentes del que surgirán tres preseleccionados. De cada terna el gobernador elegirá a los candidatos, que luego deberán ser aprobados por la Asamblea Legislativa.
  El decreto fija un sistema similar al del Consejo de la Magistratura, que “garantiza la mínima injerencia del Poder Ejecutivo y excluye a la Corte Suprema y al Poder Legislativo”. Prevé la participación de jurados y diagrama modalidades para cada cargo. Así, por ejemplo, en el caso de las máximas autoridades de cada órgano (fiscal y defensor provincial), el tribunal evaluador contará con un representante de organismos internacionales dedicados a la transformación de los sistemas judiciales en Latinoamérica.
  En el caso de los candidatos a fiscal general, defensor provincial, fiscales regionales y defensores regionales, deberán exponer un plan de trabajo para su potencial gestión ante el tribunal evaluador y quienes deseen asistir. La modalidad apunta a que la ciudadanía conozca las propuestas de cada postulante en temas como la política de persecución penal o estrategias de control de calidad.