Los defensores de los dos procesados por el ataque a tiros contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti, ocurrido la noche del 10 de octubre de 2013, presentaron ayer un recurso de “inaplicabilidad de la doctrina legal” a fin de que un pleno de magistrados resuelva las contradicciones que se presentan en resoluciones de los miembros de una misma Cámara Penal y en torno a la prisión domiciliaria de la que gozan los acusados.

El 18 de diciembre pasado la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas dipuso que Emanuel Sandoval y el policía Pablo Espíndola, ambos procesados por el ataque a la casa del mandatario, cumplieran la prisión domiciliaria mientras seguía adelante el proceso judicial.

En ese marco, y durante la feria judicial, el fiscal Enrique Paz solicitó que se revea el beneficio otorgado y el juez Alfredo Ivadi Artacho admitió el recurso y habilitó a la Cámara de Apelaciones a revisar las prisiones domiciliarias. Sin embargo, los abogados Marcos Cella (por Sandoval) y José Nanni (por Espíndola) remarcaron que la prisión domiciliaria de sus clientes no presentaba “un gravamen irreparable” y que esa decisión se contradecía con la resolución del 13 de enero del camarista Otto Crippa García, quien entendió que “no era admisible un recurso fiscal por una morigeracion de prision preventiva”.

Manipulación política. Al respecto, Cella dijo ayer a La Capital que “el fallo de Crippa García sienta jurisprudencia ya que entendió que un detenido con prisión preventiva morigerada no causa un gravamen a la Fiscalía” y recordó que “la misma querella en una nota publicada por La Capital el 23 de diciembre de 2014 así lo expresó. Entonces dijeron que no era procedente el recurso fiscal aunque manifestaron su desacuerdo con la decisión de la jueza”.

Por su parte, Nanni comentó que “es llamativa la decisión del doctor Ivaldi Artacho de declarar admisible el rercurso pese a que la Cámara ya se había expedido en contrario en otras oportunidades” y sostuvo que “esto prueba la manipulacion que se está haciendo de la causa para poner al gobernador como víctima por su lucha contra el narcotráfico cuando sabemos que no hay pruebas sobre eso”. Y que “se busca a culpar a dos 4 de copas para no investigar otras cosas más importantes como escuchas telefonicas que relacionan a esta gestion con el asesinado narco Luis Medina”.

Reglas violadas. “Para nosotros hay pleitesía por parte de determinado sector judicial vinculado a la gestión socialista”, concluyó Nanni en concordancia con lo expuesto por Marcos Cella, quien manifestó que “no puede ser que porque la víctima es el gobernador se concedan derechos que no corresponden”. Y agregó: “La Justicia y el gobierno están violando las reglas, están jugando al fútbol con las manos sólo porque son los dueños de la pelota”.

A partir de este recurso presentado por los defensores, se deberán reunir todos los camaristas y ponerse de acuerdo para determinar qué entienden por “gravamen irreparable” y si esa figura es materia de revisión por la Cámara.

Cella dijo también que “no sólo se ha pedido la nulidad del decreto de Ivaldi Artacho sino su recusación y que se otorguen copias de todas las escuchas telefónicas de la causa y la suspensión de términos para presentar una queja ante la Corte Suprema de la provincia”.

“Haber admitido este recurso va a originar una catarata de reclamos”, dijo Cella. Y Nanni agregó que “este tipo de contradicciones en un tema tan medular como la detención de una persona causa una grave inseguridad jurídica. La ley es clara al respecto y no habilita su revisión por la Cámara. Sólo se debe aplicar la ley y no hacer política con causas judiciales”.