Ante el aluvión político pasado que conmovió al país, trasladando a segundo término otras cuestiones no menos importantes que afectan a sectores profesionales de nuestra sociedad, como son los jubilados de la ingeniería, es conveniente recordar y mantener vigente el reclamo por el incumplimiento de la ley 6.729 de la provincia, en cuanto a las liquidaciones que se abonan a sus pasivos en defecto los haberes mensuales como lo prescribe dicha ley. En su artículo 5º inciso "b" (ley 6.729) se detalló específicamente que por cada peso aportado por sus afiliados cobrarían de jubilación al retirarse 8 (ocho) veces dicho valor, lo que se cumplió hasta el año 1990 y luego por dificultades para su pago, aduciendo dificultades injustificadas, se fue alterando lo establecido por ley, liquidando arbitrariamente montos menores que nunca llegaron ni a la mitad de lo que correspondería, sin atender reclamos ni cambiar de actitud, por lo que han iniciado acciones de reclamo para los funcionarios que están obligados a cumplir y hacer cumplir leyes, disponga la reglamentación de esta situación que incumbe a los deberes de funcionarios públicos. Es así como se han generado reservas jubilatorias que superan lo racional y se mantiene gran parte de los pasivos con mínimos haberes que no superan el líimite de pobreza, ni aseguran un mínimo decoroso para su subsistencia, con pretextos indefendibles como que la "caja puede fundirse", cosa totalmente imposible de suceder. Se ha demostrado a través de balances anuales que siempre muestran utilidades (inexplicables en un régimen jubilatorio) superiores al 20 por ciento que si hubiera una correcta aplicación de la ley 6.729, se podría mediante un plan menor entre 2 a 5 años y sin resentir las reservas alcanzadas, pagar los haberes mal liquidados desde 1990 hasta hoy, cumpliendo la obligación legal de respeto a las leyes y llevando a los pasivos a percibir lo que es justo, legal y obligatorio. Ante una nueva perspectiva inflacionaria agobiante y el costo ya inaccesible de los servicios médicos imprescindibles, con aumentos cada vez superiores a las actualizaciones que periódicamente se hace de los haberes, es inexplicable que no se atiendan los justos reclamos de los pasivos que no mecerían sufrir estas angustias al final de su vida profesional. Esperando que las autoridades provinciales del gobierno y los miembros de la Justicia que tienen la obligación de hacer cumplir una ley vigente como la 6.729 tomen conocimiento y actúen como es su misión, para remediar esta injusticia.

Carlos A. Vallejos / DNI 5.974.851