Organizaciones defensoras de los derechos humanos realizaron ayer un acto de repudio al Poder Judicial, frente a la sede de los Tribunales Federales de Rosario, ante las dilaciones que sufren las causas por crímenes de lesa humanidad.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos realizaron ayer un acto de repudio al Poder Judicial, frente a la sede de los Tribunales Federales de Rosario, ante las dilaciones que sufren las causas por crímenes de lesa humanidad.
"Pese a las ampulosas y reiteradas declaraciones sobre «el año de los juicios» contra los genocidas, nada ha cambiado sustancialmente, y la inmensa mayoría de los asesinos del pueblo pueden seguir confiando en un Poder Judicial lento, parcial a su favor, despreciativo de los reclamos de víctimas y familiares", dijeron los organismos.
Apuntan que en jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario —que incluye también a San Nicolás y Santa Fe— "hay 38 imputados para 175 víctimas en 30 causas", cuando "solamente en la zona de Rosario se registran más de 500 desaparecidos, 200 asesinatos", entre otros crímenes. Aseguran que la regla es "muy pocos juicios, contra unos pocos criminales" y en relación a contados casos, por lo cual "este accionar del Poder Judicial es constitutivo de impunidad".
Como ejemplo de una práctica dilatoria deliberada recuerdan el caso del juez santafesino Martín Gutiérrez que "ha iniciado un nuevo modus operandi para retrasar los procedimientos: se excusan por sentirse «violentados moralmente» por cualquier reclamo de celeridad". Añaden que "este juez había anulado la elevación a juicio oral contra el coronel (Juan Orlando) Rolón". Finalmente, "en noviembre pasado se eleva a juicio la causa y un mes hábil después —febrero de 2009— Gutiérrez y sus amigos anularon esa medida con lo que volvió al inicio", y encima "Casación le dio la libertad porque es un viejito enfermo".
También criticaron al titular del Juzgado Federal Nº4 de Rosario, Marcelo Bailaque, a quien responsabilizaron por la represión en Caleta Olivia "cuando por su orden fue desalojado el piquete de Termap, y casi 40 trabajadores fueron apresados y torturados".
A Bailaque le achacaron haber liberado y dictado la falta de mérito a los acusados del secuestro, tortura y desaparición de Roberto Tito Messiez: Ariel Porra, Carlos Sfulcini y Juan Cabrera. Aclaran que "estas resoluciones fueron apeladas pero "se trata de reclamos ante la misma Cámara federal que sistemáticamente ha ordenado libertades del mismo calibre para los genocidas". Y por si esto fuera poco, "por encima está la Cámara de Casación que en estos días dejó en libertad Rubén El Ciego Lofiego, el torturador insignia de (Agustín) Feced".
Convocaron al acto frente a los tribunales de calle Oroño Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, APDH, Unidad Antirrepresiva por los DDHH, Centro de Profesionales por los DDHH, con la adhesión de numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos.