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Reclamo por las condiciones de detención en la alcaidía de mujeres

Lo presentaron ayer dos defensores oficiales que recorrieron el penal de calle La Paz al 400 y dialogaron con las 19 internas.

Viernes 30 de Mayo de 2014

Dos defensores oficiales presentaron en Tribunales un recurso de hábeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención de las internas de la alcaidía de mujeres de la Unidad Regional II que se erige en los fondos de la comisaría 4ª, en La Paz al 400. Los funcionarios hicieron la presentación ante el juez penal José Luis Suárez tras realizar una visita al penal y constatar la pésima situación edilicia además de dialogar con las presas acerca del estado de las causas por las cuales están allí. El pedido de los defensores se suma al que en marzo pasado hiciera el titular del Servicio Público de la Defensa Penal de la provincia, Gabriel Ganón, quien planteó que en todas las reparticiones policiales santafesinas había una superpoblación de detenidos en lugares deplorables y con mala atención médica y de alimentación.

Los defensores Gabriela San Miguel y Oscar Antonio Loberse estuvieron el miércoles en la alcaidía de mujeres en la cual, en ese momento, había 19 internas. A partir de la versión de las reclusas y por la propia recorrida que hicieron, tomaron conocimiento de que "el edificio presenta un deficitario estado sanitario y edilicio, con la mayoría de las celdas con sus cañerías tapadas o rotas y sin agua en las duchas". También dicen que "la cocina está rota hace dos meses, el horno no funciona y pierde gas".

Además, dice la presentación, "no les entregan las raciones de comida en horario adecuado y muchas veces deben encerrarse en sus celdas antes de recibirlas". Asimismo, plantean que las presas piden "una desinfección total del lugar ya que manifiestan vivir invadidas de cucarachas y ratones" y que reclaman "pintura para el pabellón y elementos de limpieza".

En cuanto a la atención sanitaria, los fiscales dicen que las mujeres "no cuentan con un médico permanente, solo con visitas de enfermeros que no siempre tienen a mano la medicación básica y sigue faltando un móvil que traslade a las internas a Tribunales, efectores de salud o cualquier otro trámite".

La fiscal San Miguel agrega a la petición que "hay un hábeas corpus anterior" por ella presentado y al que la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas hizo lugar mediante dictamen del 30 de septiembre de 2013, cuando ordenó la "provisión a la alcaidía de más personal y de vehículos disponibles para garantizar de manera puntual y eficiente la visita a los profesionales de la salud y a los tratamientos médicos, consiguiéndose así que la Jefatura destinara un móvil permanente, el cual funcionó mal desde el principio y ahora no anda más allá de que nunca se les proporcionó un chofer a fin de conducirlo".

Malos tratos. En otra parte del escrito, los defensores manifestaron que varias internas dijeron que "existe una empleada policial llamada Silvina cuyo apellido sería Fongi y que habría estado durante la guardia del 27 de mayo pasado que no les pasaría los alimentos que los familiares les llevan, que se apropiaría de sus efectos personales y que les brinda un pésimo trato, habiendo golpeado a la interna V.M.".

Finalmente, las detenidas presentaron sus quejas por no tener actividades para hacer y que recibirían con buen grado la llegada de talleres sobre diferentes conocimientos y oficios.

En este sentido, los defensores dicen que "las circunstancias descriptas importan un serio agravamiento de los sufrimientos propios de las condiciones de privación de la libertad" por lo que interponen el hábeas corpus. Y, en ese orden, reclaman que "se ordenen las medidas pertinentes a fin de brindar una pronta solución a las condiciones de detención, se lleve a cabo una inspección al lugar con intervención del Ministerio Público Fiscal, el jefe de la Alcaidía Mayor y un representante del Ministerio de Seguridad.

El antecedente. Un relevamiento de las condiciones de detención realizado en las dependencias policiales de la Unidad Regional II entre el 2 y el 9 de enero pasado llevó al titular del Servicio Público de la Defensa de la provincia, Gabriel Ganón, a presentar un recurso de hábeas corpus atento a las condiciones de hacinamiento en la que se encontraban 1.379 presos en las distintas reparticiones del departamento Rosario, entre ellos la alcaidía de mujeres.

Entonces, en una audiencia pública la jueza Roxana Bernardelli ordenó a la provincia que realice un monitoreo del estado de salud de todos los presos alojados en las comisarías de Rosario y en la alcaidía de Jefatura y que establezca un cronograma de obras para poner en condiciones los distintos lugares de detención. Además emplazó al Ministerio de Seguridad a dar una respuesta definitiva al problema.

En ese marco, el 17 de abril el Ministerio presentó un "plan de contingencia" para reducir el hacinamiento creando 150 nuevas plazas en comisarías con terreno disponible en Rosario y alrededores mediante la edificación de módulos de hormigón armado con capacidad para 12 y 16 internos cada uno. Además, sumó la realización de arreglos puntuales en 22 seccionales donde se liberarán de efectos secuestrados los patios, se reemplazarán chapas de puertas y ventanas por enrejados que dejen pasar luz y aire y se incorporarán aireadores eólicos. Y para mejorar la alimentación, se planteó la contratación de un sistema de viandas para internos y policías que funcionará como plan piloto en cinco comisarías y que en un mes será evaluado para incorporarlo a otras seccionales donde hoy se entrega de alimentos crudos al personal. Por último, detalló el convenio firmado con el Ministerio de Salud para realizar un relevamiento de las condiciones de salud de los presos y brindarles asistencia médica.

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