Escribo nuevamente para cuestionar a nuestra Justicia. Tengo un hijito de seis años que padece autismo y a pesar de tener el certificado de discapacidad, mi obra social, Sancor, no le autorizó parte del tratamiento, el acompañante terapéutico, que es una psicóloga. Litigamos con un amparo, lo ganamos en diciembre del año pasado, Sancor protestó y perdimos el amparo, por ende la profesional no cobra sus honorarios desde mayo del 2008. Su neurólogo especificó el tratamiento que debía seguir, además mi hijo tiene seis años y hace dos meses que comenzó a hablar, hizo unos progresos enormes, gracias a este grupo de profesionales que lo atienden. Entonces no entiendo cómo un magistrado puede dar lugar a Sancor, que ni siquiera conoce a mi hijo. ¿Adónde están los derechos humanos, los derechos del niño, sus garantías constitucionales, etcétera? ¿Qué debo hacer? ¿Cortar calles, incendiar neumáticos para que me escuchen? Nunca voy a bajar los brazos, tuve que sacar un préstamo para poder abonar lo que le corresponde al profesional, pero este tratamiento continúa y mi hijo mejora con él. Invito a los políticos a tratar de una vez por todas la ley de TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo) para amparar a nuestros niños. Cabe aclarar que hay muchos padres en mi misma situación. Espero que se puede rever mi caso.

María Eugenia Arias, meugearias@hotmail.com