Los defensores de los cinco acusados por la muerte de Pichón Escobar cuestionaron que hasta el momento no se hayan resuelto las apelaciones a las prisiones preventivas de sus clientes. Pero ahora, con el cambio de jurisdicción, se abre un período suspensivo durante el cual podrían pedir una nueva audiencia en la Oficina de Gestión Judicial para tratar las medidas cautelares contra los acusados, sin perjuicio de la revisión que debe hacer la Cámara Penal sobre la decisión del juez Caterina.

En septiembre, el mismo magistrado había rechazado el planteo del defensor general de la provincia Gabriel Ganón. En ese momento valoró, en base a las evidencias acumuladas en la pesquisa, que los policías que se desempeñaban como agentes de seguridad en el bar La Tienda "no actuaron dentro del marco genérico del Estado".

Pero la querella, en representación de la hermana de Gerardo Escobar, apeló la resolución. Así, el tratamiento en segunda instancia quedó a cargo de la jueza la Cámara Penal Georgina Depetris, quien en una audiencia desdoblada que terminó el 23 noviembre confirmó la decisión del juez Caterina, que cambió su postura en virtud de las evidencias.