El titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Paraná, Alejandro Grippo, resolvió rechazar el planteo de prescripción presentado por la defensa del cura Justo José Ilarraz, a quien se sindica como autor de decenas de abusos en el Seminario Menor de Paraná, mientras fue prefecto de Disciplina, entre 1985 y 1993.
Ahora, el sacerdote, que logró mantener oculto su domicilio, deberá prestar declaración indagatoria en la causa judicial que los sindica como autor de la promoción a la corrupción agravada en el centro religioso de la capital entrerriana. No obstante, habrá que esperar las próximas acciones de la defensa, que podría apelar la medida.
La noticia del rechazo del pedido de prescripción llegó tras largos meses de espera. El planteo fue presentado en los Tribunales ante la declaración de las víctimas.
La última acción en torno al caso fue adoptada el viernes pasado por los querellantes Alvaro Piérola y Marcelo Baridón, quienes enviaron al Arzobispado de Paraná la denuncia formal de los hechos y solicitaron la apertura de una causa interna en la que se investigue lo sucedido. En tanto, reclamaron el apartamiento del titular de la entidad religiosa, el obispo Juan Alberto Puiggari, considerando que mientras Ilarraz se desempeñó a cargo del Seminario Menor, él hizo lo propio en el Seminario Mayor y ambos estuvieron vinculados.
Decisión. Finalmente, el lunes se conoció la decisión judicial sobre el planteo de prescripción en la Justicia entrerriana. En los argumentos de la determinación se habría marcado legislación internacional a la que adhiere la Argentina, que los delitos habrían sido perpetrados a menores de edad estando estos bajo el cuidado de Ilarraz, y cuyos derechos se vieron perjudicados.
El sacerdote, que actuó bajo el ala protectora de la cúpula eclesiástica de la capital entrerriana, luego de una investigación diocesana fue enviado al Vaticano a especializarse en misionología, y tras regresar al país se afincó en Monteros, Tucumán. Ilarraz deberá prestar ahora declaración indagatoria en la causa. De todas maneras, habrá que esperar las próximas acciones de la defensa, si las hubiera.
La investigación judicial se inició en septiembre de 2012, luego de que el procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, impulsara las primeras medidas. La defensa de Ilarraz presentó el planteo de prescripción de los delitos, y a la Justicia le llevó varios meses tomar la determinación que ahora finalmente se conoció.