Por cuarta vez en un mes, otra jueza rechazó una acción de amparo "colectiva" para que se declare inconstitucional la ley que reguló las cautelares contra el Estado, para evitar que se mantengan sin un plazo determinado esas medidas que impiden que se aplique una norma sancionada por el Congreso o dictada por el gobierno.
La decisión fue adoptada ayer por la jueza en lo contencioso administrativo federal Cecilia Madariaga de Negre ante una nueva presentación del abogado Andrés Gil Domínguez, quien solicitó que se declare anticonstitucional esta iniciativa votada el 25 de abril en el Congreso por considerar que "puede verse comprometido el acceso a la justicia".
El argumento utilizado por Madariaga de Negre es que se requiere un "caso contencioso", "causa" o "controversia", a fin de ejercer el control encomendado a la Justicia "sobre las actividades ejecutiva y legislativa, en orden a la trascendente preservación del principio de división de poderes".
El mismo argumento fue expuesto el 7 de mayo por la jueza del fuero, María Alejandra Biotti, quien desestimó una demanda similar promovida por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La ley estableció un procedimiento para el dictado de esas medidas contra el Estado, cuya vigencia debe ser de seis meses , y donde se determinó que habrá excepciones para que un juez pueda adoptar estas resoluciones cuando "esté en riesgo la salud, la vida, los alimentos, los sectores vulnerables y el medio ambiente".
Madariaga de Negre consideró que la acción de amparo "colectiva" propiciada por Gil Domínguez es "manifiestamente improcedente" y por eso el tribunal "puede y debe rechazar de oficio la demanda para evitar un dispendio inútil de la actividad procesal".
Biotti también había rechazado "in limine" el pedido del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal —decisión apelada— al considerar que, para que la Justicia se expida, debe existir un "caso" o "controversia", lo que, a su criterio, no se daba en el planteo.
Hace diez días, el juez en lo contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico, rechazó una medida cautelar de abogados patagónicos para que se suspenda esa ley, sancionada el 25 de abril, como parte de la reforma judicial para democratizar la Justicia.