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Rechazan a familiares de un preso muerto como querellantes

Martelón fue apresado en San Martín y Uriburu el 11 de diciembre por la Policía de Acción Táctica después de que una vecina lo denunciara al 911 por "exhibiciones obscenas".

Sábado 09 de Abril de 2016

Los familiares de Roberto Hugo Martelón, el vendedor ambulante apresado en diciembre en la seccional 15ª y que murió como consecuencia de los golpes recibidos supuestamente a manos de policías en la misma comisaría, no podrán ser querellantes en la causa. Así lo dispuso en una audiencia realizada ayer en los Tribunales el juez Héctor Núñez Cartelle, haciendo caso omiso al reciente fallo del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas que pidió a la provincia de Santa Fe que no interponga obstáculos que afecten la participación de las víctimas en los procesos penales.

Martelón fue apresado en San Martín y Uriburu el 11 de diciembre por la Policía de Acción Táctica después de que una vecina lo denunciara al 911 por "exhibiciones obscenas" (orinó detrás de un árbol). A la seccional 15ª el hombre ingresó lúcido aunque un poco ebrio y un fiscal ordenó que se lo liberara previa constatación de su estado de salud por parte de un médico policial. Sin embargo, cuando a la mañana siguiente se iba a realizar ese trámite el hombre tenía fuertes golpes en la cabeza y las costillas.

Según la policía, Martelón fue golpeado por dos presos que compartieron celda con él, aunque éstos declararon que al ingresar al penal el vendedor ya estaba descompensado, con golpes y convulsiones. Ante ello Osvaldo Martelón y Patricia Hidalgo, hermano y cuñada de la víctima, le pidieron al defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, que los patrocine en su pedido de ser querellantes.

En ese marco ayer se realizó la audiencia de constitución como querellantes de la familia Martelón, y obtuvieron el rechazo del juez. Ganón expuso los motivos que impulsaban la presentación. Dijo que es una "consecuencia del derecho de saber la verdad sobre la muerte del hombre en la comisaría 15ª"; y señaló que la familia "considera que la Defensa Pública es el órgano que debe llevar adelante las representaciones en casos de violencia institucional y que como víctimas de un episodio así no pueden ser obligadas a acudir a una institución que depende del Poder Ejecutivo, como el Centro de Asistencia Judicial (CAJ)".

El defensor señaló que "el acceso a la Justicia de las víctimas y sus familiares debe ser real y efectivo" y que "la Defensa Pública es el único organismo capaz de asistirlas en forma gratuita, autónoma e independiente".

Ganón también criticó al fiscal Ademar Bianchini por rechazar a Patricia Hidalgo para constituirse como querellante al "no encontrarse legitimada por el agregado de parentezco" y "por no contar con patrocinio adecuado". Sobre eso expresó que el fiscal "se apegó a una ley de menor jerarquía (Códido Procesal Penal) que no puede estar por encima de la Constitución Nacional".

Luego de oír a las partes el juez Héctor Núñez Cartelle sostuvo que "el Estado debería brindar todo el apoyo y acogimiento de las pretensiones de las víctimas, mas aún cuando se trata de un hecho de violencia institucional",no obstante lo cual rechazó la pretensión.

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