La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de once ex directivos de la empresa alemana Siemens por las supuestas coimas que la compañía pagó en 1998 al gobierno de Carlos Menem por el contrato para producir los DNI, que fue anulado por el de Fernando de la Rúa en 2001, y ordenó investigar a ex funcionarios menemistas.

Los encausados son Uriel Sharef, Ulrich Bock, Eberhard Reichert, Bernd Regendantz, Ernst Michael Bretchel, Luis Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Ralph Kleinhempel, José Alberto Ares, Miguel Alejandro Czysch y Carlos Francisco Soriano. Sobre todos ellos la Sala II del tribunal de alzada ratificó embargos de hasta 500 millones de pesos por el supuesto delito de cohecho activo.

Además, le encomendó al de la causa, Ariel Lijo, que avance con la investigación sobre los ex funcionarios sospechados de haber cobrado las coimas y nunca fueron imputados en la causa.

"No puede perderse de vista que en uno de los documentos remitidos por Alemania se indica que los receptores del dinero girado por Siemens habrían sido Carlos Saúl Menem, Carlos Vladimir Corach y Hugo Alberto Franco", consignaron los jueces. En Alemania se publicó un memorándum de Siemens en el que se mencionaba un listado de supuestos receptores de las coimas por sus iniciales, que coinciden con las de los ex funcionarios: "CM", 16 millones de dólares; "CC", 9,75 millones; "HF", otros 9,75 millones. También incluyó a "CS", 7,5 millones de dólares, en supuesta referencia a Carlos Raúl Sergi, del directorio de la filial argentina de Siemens.

La Justicia acreditó que en 1996 el gobierno de Menem supuestamente pactó sobreprecios en la adjudicación del contrato a Siemens Argentina para la elaboración de los DNI a 27 pesos/dólares cada uno, una cifra que duplicaba el valor vigente hasta ese momento. A la licitación para la confección de unos 24 millones de documentos se presentaron otras empresas que plantearon idéntico trabajo y precios hasta cinco veces menos que Siemens.

Por la anulación del contrato en 2001, Siemens inició acciones contra la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (Ciadi) y reclamó cifras millonarias.