Ratifican en la Justicia los "aprietes" de Moreno contra Papel Prensa

Los ex representantes del Estado en la sindicatura de Papel Prensa, Alejandro Turri y Carlos Manuel Vidal, le relataron a la Justicia el clima de extrema tensión y amenazas que tuvo la reunión del 14 de septiembre pasado citada por Guillermo Moreno en la secretaria de Comercio Interior para darles “órdenes” sobre la empresa, “que resultaban imposibles de cumplir”.

Vidal declaró además que, en el encuentro, Moreno le dijo a los presentes que “no se divulgara nada de lo que se había hablado en la reunión”, ya que estaban allí “para recibir instrucciones” de parte de la presidenta de la Nación, según una orden que “tampoco pudo ver”.

Patovicas. En sendas declaraciones que realizaron en la semana ante el juzgado federal de Octavio Aráoz de Lamadrid, ambos testigos enmarcaron las amenazas a la integridad física en ese marco de confidencialidad, tras la frase de Moreno sobre que “afuera están mis muchachos expertos en partirle la columna y hacer saltar los ojos a quien hable”.

Ambos señalaron que Moreno insistió en que el Estado tenía mayoría en el Comité de Fiscalización, ya que está compuesto por dos síndicos del Estado y uno por los privados, y que había que demostrar que “la empresa está subadministrada”.

En su testimonio, Turri aclaró que uno de los presentes le dijo a Moreno que “durante mucho tiempo el Estado había aprobado los balances y aprobado la gestión”, en tanto que Vidal estimó que “esa reunión fue para recibir instrucciones por fuera del marco legal”.

Los entonces síndicos relataron que se enteraron de que debían concurrir a dicha reunión por un llamado de Beatriz Paglieri, quien hasta entonces no había sido designada como directora de la sociedad.

Agregaron que les llamó la atención que los convocaran a una reunión “en las que les iban a indicar el curso a seguir” desde la Secretaría de Comercio, cuando el órgano oficial que por entonces tenía facultades legales para intervenir por parte del Estado en la sociedad era el ministerio de Economía, a través de la subsecretaría de Servicios Financieros.

Turri señaló que el ambiente de presiones y las amenazas de Moreno le provocaron “molestia e incomodidad”, mientras que Vidal señaló que se sintió “muy caliente” y definió el tono de la reunión como algo “shockeante y preocupante”

Ordenes. Agregó que el secretario pretendió darles “órdenes que resultaban imposibles de cumplir, tales como contactarse con gremialistas o ir a una reunión de directorio y plantear que no estaban de acuerdo con los últimos diez años de gestión o aceptar que Paglieri era jefa sin haber sido nombrada, más allá de que un sindico tampoco responde a un director”.

También Vidal aseveró que en dicha reunión había un atril que colocó un ordenanza en el cual se encontraban “todas las empresas del Grupo Clarín”, incluida Papel Prensa y que Moreno “les indicó que el mismo había alcanzado un gran poder en estos años” y que, por lo tanto, “había que reducirlo de alguna manera”.

Ambos ex funcionarios revelaron que antes de que se les solicitaran sus renuncias elaboraron un memorándum dirigido a la Sigén, donde señalaron que “existe de parte del citado funcionario una animadversión manifiesta y una persecución personal hacia los suscriptos que, estimamos, se podría extender a lo institucional”.

A los dos declarantes, el tribunal les ofreció acogerse a la ley de protección de testigos, ante posibles represalias por el contenido de sus testimonios, lo que ambos desecharon.

Con sus testimonios, Turri y Vidal ratificaron el relato que realizó el ex miembro del Consejo de Vigilancia de Papel Prensa, también designado por el Estado nacional, Carlos Collasso, quien volcó la reunión en un acta, pese a las amenazas de Moreno.

Coacción. La causa fue iniciada por el delito de coacción, además de las figuras de incumplimiento de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública tanto del secretario Moreno, como de Paglieri y de otros funcionarios involucrados.

A principios de diciembre, el fiscal Gerardo Pollicita señaló que investigará también al ministro de Economía, Amado Boudou, para determinar si el mismo “había realizado un aporte al plan criminal oportunamente denunciado, consistente en la creación de un escenario espurio o la preparación de una situación que desembocarán en el objetivo final que no sería otro que la intervención de la sociedad Papel Prensa y su posterior expropiación en condiciones ilícitas”.