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Rajoy impugnó también la simbólica consulta independentista catalana

El conservador Ejecutivo español sostiene que la iniciativa no se ajusta a la legalidad ni cumple con las garantías democráticas. La Generalitat reiteró que la votación sigue vigente.

Sábado 01 de Noviembre de 2014

El gobierno español de Mariano Rajoy dio un paso adicional en el conflicto que le opone al Ejecutivo catalán al impugnar ayer la simbólica votación sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre ante el Tribunal Constitucional, que ya había suspendido el referéndum convocado inicialmente. Al respecto, el líder catalán, Artur Mas, no solo anunció que sigue adelante con la consulta independentista no oficial en la región del noreste de España, sino que además estudia acciones legales contra el Ejecutivo español por impugnarla.

Esta votación, organizada por voluntarios y carente de órgano supervisor, había sido planteada por Mas como la opción alternativa para que los catalanes pudieran opinar sobre su relación política con España a pesar de la fuerte oposición de Madrid. Aun así, mantenía rasgos del referéndum consultivo suspendido como la población llamada a votar, los mayores de 16 años, y la doble pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?".

Aunque en un principio el Ejecutivo conservador español pareció menospreciar esta iniciativa, esta semana decidió iniciar los trámites para impugnarla porque, según un informe del Consejo de Estado, no se ajusta a la legalidad ni cumple con las garantías democráticas. Tras el consejo de ministros del viernes, la vicepresidenta de gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el acuerdo de "plantear la impugnación al Tribunal Constitucional, al que solicitamos la suspensión de las actuaciones de la Generalitat (gobierno catalán) relativas a las actuaciones del 9 de noviembre". "El recurso se presentará inmediatamente", añadió. La admisión a trámite del recurso por parte del alto tribunal implicará la suspensión automática de esta votación muy esperada en esta rica región del noreste de España donde el independentismo ha ganado mucho terreno desde 2010. Fue respondiendo a este clamor, reflejado en multitudinarias protestas secesionistas en esta rica región de 7,5 millones de habitantes, que el antaño moderado Artur Mas se comprometió a celebrar un referéndum consultivo sobre la independencia. Mas lo convocó el 27 de septiembre, pero solo dos días después el proyecto fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional tras un recurso del gobierno español. Tras dos semanas de tensión, Mas decidió dar marcha atrás en su proyecto para evitar entrar en la ilegalidad y poner en riesgo a los funcionarios públicos encargados de la organización.

Desobediencia civil. Este retroceso indignó a los sectores independentistas más radicales, especialmente a sus hasta entonces aliados, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partidarios de la "desobediencia civil" y con cada vez más adeptos entre la ciudadanía catalana según apuntan los sondeos. A cambio, Mas propuso esta votación simbólica sin apenas valor legal pero con un notable valor político si muchos de los 5,4 millones de catalanes llamados a votar, lo hacen. "Esta es una oportunidad para dar un paso de gigante hacia la consulta definitiva" que deberían ser unas elecciones con una lista unitaria de los partidos independentistas, dijo Mas. "Necesitamos a más gente que nunca", añadió.

Mas desafió ayer abiertamente a Rajoy y anunció que sigue vigente el llamado a la consulta independentista no oficial. "Está actuando con abuso de poder", dijo Mas en Barcelona después de que Sáenz de Santamaría, anunciara en Madrid la decisión de impugnar la pseudoconsulta ante el Tribunal Constitucional. "Se han dado instrucciones a los servicios jurídicos (del gobierno catalán) para que contemplen acciones legales contra el gobierno español por este abuso de poder y de derecho", dijo el líder catalán.

Mas acusó al Ejecutivo español de cruzar "la línea del ridículo" y de estar usando al Tribunal Constitucional "de manera impropia". "Le está haciendo desempeñar un papel que no le corresponde porque al Tribunal Constitucional no le corresponde resolver problemas políticos", dijo. Al no ser oficial, la consulta carece de censo previo —los votantes tendrán que inscribirse antes— y de las medidas de supervisión y control habituales en los procesos de votación.

Esta nueva impugnación agranda todavía más las distancias entre Barcelona y Madrid, sumidas desde hace dos años en la discusión sobre si Cataluña tiene derecho a decidir sobre su independencia. Lejos de solucionarlo, la medida del gobierno español puede incentivar todavía más a los nacionalistas catalanes, mucho de los cuáles se muestran dispuestos a votar el próximo domingo con o sin suspensión.

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