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Rajoy blindará judicialmente a la reina y a los príncipes de Asturias

No incluye a las infantas Elena y Cristina. Si fueran imputados por algún delito, sería el Tribunal Supremo el encargado de juzgarlos. El rey no precisa aforamiento.  

Sábado 05 de Abril de 2014

El gobierno de Mariano Rajoy blindará judicialmente a la reina Sofía y a los príncipes de Asturias, el heredero Felipe y su esposa Letizia, fijando que sea el Tribunal Supremo el que los juzgue en caso de que fueran imputados y procesados en alguna causa judicial. Esta inclusión no afecta a las infantas Elena y Cristina.

La futura ley recibió el visto bueno del gobierno conservador, pero aún debe ser tramitada por el Parlamento. Con ello, la reina y los príncipes tendrán el mismo tratamiento judicial que altos cargos del país como el presidente del Gobierno, los ministros, diputados y senadores y la cúpula judicial. El rey Juan Carlos no precisa aforamiento porque, según establece la Constitución española, su figura "es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". El cambio legislativo tiene lugar en un momento de especial tensión para la Corona española a raíz del caso de corrupción en el que está imputada la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, y su esposo, el duque de Palma Iñaki Urdangarín.

Desmentida. No obstante, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón dejó en claro que la medida no afecta a la infanta, al tiempo que negó cualquier relación entre la decisión del Ejecutivo y el caso que sacude a la familia real española, afirmando simplemente se adopta porque es el momento en que se está reformando la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Se trata de aumentar la seguridad jurídica de personas que se entiende que tienen que tener tutela", afirmó Gallardón, al anunciar la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial.

El ministro de Justicia explicó que "lo que no tiene sentido" es que, en la actualidad, un ministro o un diputado estén aforados y sus casos tengan que verse ante el Tribunal Supremo, y en el caso de la reina o el príncipe no. Interrogado sobre por qué no se aforaba a las infantas, Gallardón explicó que la decisión se tomó en base a la "intensidad de la función de Estado" que ejercen, y ésta no es la misma que la de los reyes o los príncipes de Asturias.

La situación de la hija menor del rey Juan Carlos, la infanta Cristina, imputada por un juez de instrucción de Palma de Mallorca y salpicada por el caso de supuesta corrupción que protagoniza su marido, Iñaki Urdangarin, sería la misma también tras la reforma. La infanta Cristina está siendo investigada junto a su esposo, en el marco del caso del Instituto Nóos, una fundación sin fines de lucro que desvió millones de euros de fondos públicos de los gobiernos de las islas Baleares y Valencia, controlados por el Partido Popular. El 8 de febrero, la hija menor del monarca se convirtió en la primera integrante de la Corona española en responder como imputada ante la Justicia en la historia democrática del país. En este contexto, la imagen de la Realeza recibió un nuevo golpe esta semana con la publicación de un polémico libro "La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar", de la periodista Pilar Urbano— que implica al rey en la conspiración previa al intento de golpe del 23 de febrero de 1981 contra el gobierno de Adolfo Suárez.

Junto con esta reforma, el anteproyecto, que no regula el derecho a la huelga de los jueces ni restringe su libertad de expresión, pone las bases para una auténtica reorganización de la estructura judicial en España, que tendrá que ser desarrollada más adelante en la ley de Demarcación y Planta. Hasta ahora, si eran acusados de algún delito, su caso era competencia de los juzgados ordinarios. Solo la figura del rey es inviolable según la Constitución y no puede por eso ser llamado ante un juez ni para declarar ni para ser juzgado. Gallardón negó que el aforamiento suponga un privilegio para la reina y los príncipes. "No es un privilegio porque no tienen posibilidad de recurso ante un tribunal superior", aseguró.

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