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Quedaron libres los imputados por el caso de los mellizos desaparecidos de Zavalla

Son los dos matrimonios de Casilda que permanecieron con arresto domiciliario por 40 días. Pero siguen vinculados a la causa mientras siga adelante el curso de la investigación.

Domingo 14 de Septiembre de 2014

Los dos matrimonios casildenses involucrados en el sonado caso de los mellizos desaparecidos de Zavalla recuperaron ayer la libertad después de cumplir arresto domiciliario por 40 días. Si bien las fiscales que llevan adelante la investigación, Lorena Aronne y Marianela Luna, pidieron la prórroga de la prisión preventiva con la misma modalidad, la jueza interviniente, Mariel Minetti, no hizo lugar al considerar que "no existe peligro de entorpecimiento procesal ni de fuga" de los imputados.

No obstante, la magistrada dispuso restricciones para los incriminados al tener que pagar una fianza y verse obligados a comparecer cada 14 días ante las Oficinas Judiciales de Medidas Alternativas y Sustitutivas de Rosario, además de mantener la retención de sus pasaportes para evitar que salgan del país.

Pese a que estaba previsto debatir el tema en una sola audiencia, se optó por desdoblarla, aunque ambas resoluciones son casi calcadas, excepto la caución real fijada en 50 mil pesos a Andrea N., y su esposo Germán S., mientras que el monto establecido tanto para Andrea N., como para su marido, Luis J., fue de 40 mil.

La solicitud. Las fiscales del Ministerio Publico de la Acusación de Casilda solicitaron, sin éxito, 40 días de prórroga de la prisión domiciliaria para el primero de los matrimonios señalados, y 30 días para el restante, al esgrimir que cuentan con "elementos de convicción suficiente" para sostener sus sospechas sobre la participación de los imputados en el hecho investigado.

Además del testimonio de Liliana Montenegro, la mujer que denunció haber sido despojada de sus bebés tras haber dado a luz el 13 de julio en una clínica de Casilda, se valieron de una serie de entrevistas y pericias, entre otros elementos que constan en el legajo fiscal y a su entender refuerzan las "evidencias" contra los incriminados. Y en ese contexto justificaron la necesidad de que siguieran privados de libertad a fin de evitar un posible "entorpecimiento" de la investigación "o fuga", además de invocar la gravedad del delito de sustracción, retención y ocultamiento de menores que prevé una pena de 5 años de prisión con ejecución efectiva.

Asimismo, plantearon que "la liberación de los imputados es un riesgo de hostigamiento para la víctima" tras recordar los presuntos "amedrentamientos" de los que dijo haber sido objeto Montenegro desde que se está llevando adelante la investigación. Y en esa línea referenciaron que una hermana suya, radicada en Tucumán, también sufrió un episodio de intimidación similar.

"Lo que se pretende es que se evalúe cuáles son los riesgos y sus consecuencias si no se resguarda la investigación", resaltaron Aronne y Lunna, aunque sin lograr su cometido en las dos audiencias que duraron cuatro horas.

Del otro lado. Los abogados defensores, además de oponerse al pedido de las fiscales y requerir, con éxito, la libertad de sus clientes, achacaron "la parcialidad" con que llevan adelante la investigación las fiscales, lo cual "preocupa porque tendrían que abrirse a diferentes hipótesis y no encapricharse con una sola". Y en ese contexto insistieron en las "fuertes contradicciones e incongruencias" tanto en lo relatado por Montenegro en su denuncia como durante la reconstrucción del hecho, el miércoles pasado, y del que dio cuenta LaCapital. En la misma línea instaron a una mirada más amplia del caso, a lo que las fiscales respondieron que si bien trabajan distintas teorías, al menos hasta ahora sólo cuentan con evidencias para sostener esta hipótesis y no otra.

Sin embargo, la defensa está convencida de que "no existió ni existe material probatorio contra los imputados". Así lo manifestaron los letrados que representan a Mariana N., y Luis J., Germán Mahieu y Brian Wheeler. Y en la misma sintonía se pronunció Fausto Irure, abogado de Andrea N. y Germán S., quien manifestó su conformidad con la decisión de la jueza, que calificó como "acertada y justa, fundamentalmente en relación a lo que venimos sosteniendo: que día a día se va comprobando y ratificando la inocencia de mis defendidos". Los abogados insistieron con que las fiscales "sólo miran las cosas de un lado en vez de buscar el equilibro".

"Esta resolución alienta a proseguir con el trabajo desarrollado", agregó el profesional, y expresó su voluntad de que se descubra lo sucedido. Y recordó que días atrás la defensa presentó en fiscalía un pedido de ampliación de la junta médica que corroboró el embarazo de Montenegro, al que consideró insuficiente. "Apuntamos a un informe médico que tenga mayor rigurosidad científica y que no admita discusión. Esperamos que la fiscal diligencie el pedido para echar luz", al misterioso caso.

Por su parte, Wheeler opinó que la resolución de la magistrada pone en evidencia que la causa "se está desvaneciendo", y Mahieu calificó como "justa" la libertad de sus clientes, aunque consideró "innecesaria" la caución que le impusieron.

La fiscal Luna, en tanto, dijo estar en desacuerdo con la resolución judicial aunque, si bien no está definido, adelantó que "en principio" no sería apelada. Y se mostró satisfecha de que la jueza haya basado su decisión en la no peligrosidad procesal de los imputados, sin cuestionar los otros argumentos planteados por la Fiscalía.

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