El fiscal Juan Murray dijo que la Secretaría de Delitos Complejos de la provincia actuó en forma irresponsable al difundir datos de la pesquisa

El fiscal federal Juan Patricio Murray sostuvo ayer que está "evaluando la posibilidad de abrir una investigación para conocer cual fue la verdadera intención" que llevó a la secretaria de Delitos Complejos de la provincia de Santa Fe, Ana Viglione, para "dar a publicidad la investigación" sobre el crecimiento patrimonial de Delfín David Zacarías, el hombre detenido el jueves en una casa de Funes en la cual se hallaron unos 300 kilos de cocaína y pasta base además de unos dos mil litros de precursores químicos, en lo que desde la Nación se presentó como "la cocina más grande de drogas" desbaratada en Rosario. En ese sentido, el fiscal manifestó que la publicación periodística de esa investigación "puso en peligro la detención" del principal implicado en la causa y su núcleo familiar.

En declaraciones al programa "Trascendental" de La Ocho, Murray dijo que "hay pruebas concretas en la investigación para afirmar que hubo connivencia policial" con Zacarías, a quien calificó como "el hombre que estaba en la cúspide de la organización, por lo cual se lo acusa como organizador de esta red de narcotráfico". Sin embargo, el funcionario no avanzó en determinar si podrían ser apresados policías santafesinos en esta pesquisa.

Murray también explicó que la investigación sostiene que Zacarías "está considerado como un proveedor mayorista y fabricante muy importante en la región sur de Santa Fe, pero no sólo para abastecer el mercado local sino también, de acuerdo a muchos indicios recolectados, para exportar parte del producido". Y dijo que "hay conversaciones telefónicas que obran en la investigación y herramientas secuestradas en Funes que así lo prueban", como una envasadora al vacío que se usa para empaquetar los panes de droga a fin de que no se contaminen al introducirlos en contenedores cargados con otras mercaderías".

Acusación. En duros términos Murray se refirió a la denuncia que en mayo pasado presentó Viglione junto a la subsecretaria de Delitos Económicos de la provincia ante el fiscal Mario Gambacorta. "Sólo hicieron una presentación acompañanado documentación bajada de bases de datos a las que cualquier funcionario público puede acceder. Es decir que no tenían absolutamente nada. Solamente una cantidad de propiedades de Zacarías y una pretensión investigativa sobre el presunto delito de lavado de dinero". Y agregó que "aún cuando fue modificada la ley de lavado de dinero, para llegar a un éxito en la investigación es necesario demostrar cuál es el delito precedente sobre el que se obtiene el patrimonio ilegal que luego es blanqueado y que incrementa injustificadamente el patrimonio".

En ese sentido, el fiscal explicó que "ya habíamos comenzado con la Proselac (Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) una investigación de la faz patrimonial de Zacarías, pero creímos importante mantenerla en secreto hasta no avanzar en la investigación más importante que es la del narcotráfico". Y se mostró "sorprendido" porque "cuando empezábamos a vislumbrar que todo ésto iba a terminar en un procedimiento exitoso aparece en el diario La Capital una nota en la que se reproducía la denuncia de la doctora Viglione en forma casi textual y con fotos de las propiedades investigadas".

Para Murray, esa publicación (del 25 de agosto) y una entrevista que la misma Viglione dio un día después en La Ocho, "dando detalles con pelos y señales de la persona que estaba siendo investigada, es cuanto menos una actuación irresponsable de la funcionaria que puso en peligro toda la investigación". Y recordó que tras ese incidente, "Zacarías se mostró muy alterado y hubo una cantidad de movimientos por parte de sus abogados para saber en que fiscalía y en que juzgado se investigaba a su cliente".