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Puceiro: "Los jueces pretenden meterse con cuestiones políticas sin pagar costos"

El consultor estuvo en Rosario la semana pasada para presentar el estudio de opinión y debatir cuestiones del Poder Judicial en una conferencia organizada por la Fundación Italia.

Sábado 17 de Mayo de 2014

"Los jueces pretenden meterse con las cuestiones políticas y no pagar las consecuencias. Por eso el cuestionamiento a los jueces; la aparición de Justicia Legítima es el resultado de la puesta en la picota o en el escenario a giorno, con todas las luces encendidas, de la cuestión judicial", plantea Enrique Zuleta Puceiro en diálogo con LaCapital. El consultor de opinión pública es también especialista en derecho y realizó recientemente un estudio que aúna esos dos perfiles en el cual se revela que la imagen ante la sociedad del Poder Judicial es altamente controversial.

Para Zuleta, la razón de esa percepción social es la intervención de los jueces con fallos de alto impacto político cuyo máximo exponente fue la ley de medios. También asegura que sólo el kirchnerismo y el gobierno han tomado debida nota de esta situación, mientras que para la oposición "esta cuestión no ha estado en su agenda y sólo cerró filas, empujado por los diarios, en torno al establishment judicial".

El consultor estuvo en Rosario la semana pasada para presentar el estudio de opinión y debatir cuestiones del Poder Judicial en una conferencia organizada por la Fundación Italia.

—¿Por qué un estudio de opinión sobre el Poder Judicial?

—La cuestión del sistema (judicial) es por lejos la más central de la política argentina. En el balance final de esta década, lo que se está discutiendo es el sistema de justicia. Nueve de cada diez páginas de cualquier periódico están dedicadas a cuestiones judicializadas, desde el fútbol hasta la seguridad ciudadana, la cuestión jubilatoria, lo salarial, etcétera. Esto tiene que ver con las visiones encontradas que hay sobre el papel de la Justicia. Esto se ha exacerbado, es la gran contradicción y es la tarea a la cual el gobierno le va a dedicar todo el poder político que tenga.

—¿En eso inscribe las reformas de los Códigos?

—Las reformas de los Códigos son centrales, pero no porque se confíe en que van a cambiar la realidad, sino que cambiar los Códigos es modificar el balance de poder. En ese sentido, el gobierno tiene una mucho mayor percepción de la importancia de esto de la que tiene la oposición. A la oposición le interesa más el aspecto de la Justicia como resguardo, como protección de la impunidad de los funcionarios y se limita a hacer denuncias y querellas criminales cuando en realidad no está apostando a considerar que lo que está en discusión es la división de poderes. Las normas no las hace el Congreso ni el Poder Ejecutivo sino que las terminan haciendo los jueces, que pueden determinar la inconstitucionalidad de las leyes.

—Como la ley de medios audiovisuales...

—El gran cambio del poder político al que se apuntó desde la ley de medios no funcionó por la Justicia. Y la Justicia se cuarteó. Dejaron sus funciones camaristas y jueces en todas las instancias que no aguantaron la presión. Ese debate se dio en los países desarrollados en los años 70 y 80. La reforma de los Códigos es positiva, y todas esas reformas son altamente controversiales porque tocan aspectos de fondo. Es positivo discutirlos y discutirlos en todo momento. Lo que sí, las consecuencias de las reformas no son políticamente inocuas.

—¿A grandes rasgos, qué imagen tiene el Poder Judicial?

—En el año 2014 se ven con claridad las divisiones que la sociedad tiene respecto de la Justicia. Los juicios positivos equivalen a los negativos en todos los aspectos. Hay en la sociedad una controversia abierta sobre todo lo que tiene que ver con el Estado de derecho y las formas como se instrumentan.

—¿En otros momentos no fue así?

—En el año 1983, cuando llegó Raúl Alfonsín al poder miró la sociedad y dijo ¿hay algún poder vivo, hay algo rescatable? Miró a los jueces, por eso se adoptó la estrategia de juzgar a las Juntas (militares), porque era el único reducto institucional que, si bien tenía muchísimas cosas que hacer, podía soportar la presión de la transición. Durante la época de Alfonsín subió mucho el poder de la Justicia. Hay jueces que fueron políticos, fue muy normal que se convirtieran en ministros; de ahí salieron diputados, los Gil Lavedra.

—Y en los 90, todo lo contrario.

—En los años de Menem, el Poder Judicial bajó a mínimos, casi desapareció, y (Néstor) Kirchner heredó una situación de esas. El movimiento (de renovación) de la Corte implicó una gran recuperación en los primeros años de Kirchner. La Corte logró arrastrar hacia arriba a todo el sistema de justicia a nivel nacional y provincial.

—Pero no duró mucho esa percepción...

—Los embates que hubo en estos dos años y el tipo de controversias han vuelto a poner en crisis la cuestión del Poder Judicial. Porque los jueces, al meterse con las cuestiones políticas, pretenden no pagar las consecuencias. Con el fallo Sosa (el procurador general de Santa Cruz removido por Kirchner en 1995), por ejemplo, la Corte dijo "no nos obedecen y no pueden no obedecernos". Es que, bueno, ese es un fallo político y vas a pagar las consecuencias: "No te vamos a obedecer". Otro ejemplo es el caso Zamora (el ex gobernador de Santiago de Estero que buscaba otra reelección): el Superior Tribunal de Santiago le permite competir, la Corte nacional dijo que no podía hacerlo. La Corte nacional no tenía competencia. No lo hizo en Corrientes, ni en Misiones, ni en Formosa, lo hizo en Santiago porque era el único candidato "peronista no peronista". Entonces entró y lo impidió, y el Estado provincial no le obedeció. Sacó a la mujer (la esposa de Zamora) de la escribanía, la puso y ya está: 80 por ciento de los votos.

—Usted habló de costos de la intervención en política...

—Exacto. Si te vas a meter en política tenés que pagar los costos. Por eso el cuestionamiento a los jueces. La aparición de Justicia Legítima es el resultado de la puesta en la picota o en el escenario a giorno, con todas las luces encendidas, de la cuestión judicial.

—¿Y es malo que los jueces estén bajo la luz del sol?

—No. En todo el mundo es así, pero los jueces tienen que asumir ese costo. "No yo no pago, no puedo ser juzgado por las sentencias", dicen. Sí, vas a pagar los costos. Lo pagás en esto (señala los cuadros de la encuesta), es la controversia. Si yo entro en la política, defino una cuestión, una tarifa, paralizo el enterramiento de la 9 de Julio o cambió la tarifa del metro. Bueno, perfecto, hay tanta gente que está a favor y tanta gente que está en contra.

—¿Están dispuestos a sumir ese costo?

— Hay un estamento que no está dispuesto. "Yo no pago impuestos, yo trabajo medio año", pueden decir. Si vos decís que no pagás impuestos, te tengo que decir que el 80 por ciento de la gente dice que tenés que pagar impuestos. "Ah bueno, entonces se están metiendo con la independencia del Poder Judicial", se quejan. Todo ese debate es más importante que si Scioli, que si Massa, porque el presidente que venga no será kirchnerista, de eso podemos estar seguros. No sabemos a qué partido pertenecerá pero habrá 50 diputados elegidos en las listas del 2013 y del 2015 de observancia estricta kirchnerista. Son 50 vetos y no votos, van a vetar todas las cuestiones que pongan en riesgo el modelo. En ese sentido, ese presidente tendrá que enfrentar el único tema en el que el gobierno tiene una tesis fuerte no negociable: la democratización de la Justicia y del Ministerio Público.

—Democratizar es mala palabra...

—Claro, pero ¿qué es democratizar? Discutamos qué entendemos por eso. Para mí es un debate necesario e imprescindible que mejora la calidad de la discusión democrática en la Argentina, que las democracias que se han consolidado lo han dado en los años 70 y 80. En los 70 teníamos una dictadura, en los 80 lo postergamos porque los jueces tenían la tarea fundamental que era juzgar a los militares, en los 90 volvimos a postergarlo porque era una Justicia adicta al poder. En los últimos 10 años hubo un conflicto abierto. Afrontamos el tema pero no fue valiente la discusión porque el kirchnerismo no tenía una teoría democrática del Poder Judicial. Y porque la oposición era totalmente insensible al problema; en su agenda no figuraban los temas estructurales y sólo cerró filas, empujado por los diarios, en torno al establishment judicial.

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