Proyecto del kirchnerismo para expropiar el 24 por ciento de Papel Prensa

Diputados nacionales del Frente para la Victoria presentaron ayer un proyecto de ley que propone expropiar el 24 por ciento de las acciones de Papel Prensa, al declarar de "utilidad pública y sujeto a expropiación" ese porcentaje del patrimonio.

El proyecto de siete artículos fue firmado por los kirchneristas Carlos Kunkel, Diana Conti, Dulce Granados, Adriana Puiggrós, Andrea García, María Teresa García, Gastón Harispe y Graciela Giannesttasio, entre otros.

Según la iniciativa, se busca declarar de "utilidad publica y sujeto a expropiación" el 24 por ciento de las acciones de tipo A y C de Papel Prensa pertenecientes a los tenedores privados. Así, y sumado al 27,5 por ciento que ya posee, el Estado pasaría a tener el 51,5 por ciento y convertirse en el socio mayoritario, por encima de los diarios Clarín y La Nación, actuales controlantes de la empresa. En ese sentido, Clarín controla actualmente el 47 por ciento de las acciones y La Nación el 22,5 por ciento, estando el 1 por ciento en manos de socios minoritarios.

El proyecto ingresó ayer por Mesa de Entradas de la Cámara baja, aunque aún no se conoce por cuál comisión deberá comenzar su tratamiento.

En su articulado, el proyecto precisa que deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de "utilidad pública". Además, establece que se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin que medie una autorización del Congreso votada por las dos terceras partes de sus miembros.

También se aclara el Poder Ejecutivo será quien actuará como expropiante y que el valor de los activos será fijado por el Tribunal de Tasación de la Nación.

En otra parte del texto, dice que Papel Prensa continuará operando como sociedad anónima abierta "no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación".

Señala también que el día de la promulgación de la ley la Comisión Nacional de Valores convocará a una asamblea de accionistas, a efectos de tratar, entre otros asuntos, la remoción de la totalidad de los directores y síndicos, y la designación de sus reemplazantes.

La producción de papel para diarios fue declarada por el Congreso de la Nación de interés público a finales de 2011, a la vez que se abría una investigación sobre la forma en que Papel Prensa fue adquirida por Clarín, La Nación y La Razón en plena dictadura. Los herederos de David Graiver, propietario original de la papelera, denunciaron que sufrieron gravísismas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de facto para que transfirieran la firma.

Al respecto, ya en 1984 el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas del gobierno de Raúl Alfonsín, Ricardo Molinas, aseguraba en un dictamen que "al conocerse la muerte de David Graiver (el 9 de octubre de 1976) y la quiebra del grupo, las máximas autoridades nacionales del momento tomaron la determinación de liquidar el grupo; para ello decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas". La investigación, iniciada en 1984, daba por hecho que la venta se hizo en un contexto de sucesivas presiones.

Según un reciente informe, la Comisión Nacional de Valores concluye que "el desapoderamiento de los Graiver de Papel Prensa es parte de una persecución mayor que termina en el secuestro de la familia y su grupo económico". El caso está siendo investigado por la Justicia federal en el marco de la causa por crímenes cometidos en el llamado "circuito Camps" del terrorismo de Estado.

Más recientemente, en marzo pasado, el síndico del Estado nacional ante Papel Prensa, Daniel Reposo, había denunciado "la intención de vaciar la empresa por parte de los representantes de Clarín y La Nación en el directorio", y denunciado "maniobras fraudulentas en perjuicio de los intereses de la empresa, la administración pública y de los compradores de papel".

"Se trata de un significativo perjuicio económico para la sociedad y sus accionistas, entre los que se encuentra el Estado nacional, siendo éste un claro hecho de administración fraudulenta, vaciamiento y corrupción perpetrado por (el gerente) Jorge Noseda, quien responde desde sus inicios en 1978 a Héctor Magneto (CEO del Grupo Clarín)", dijo Reposo.