Militantes de izquierda, que protestaban en Brasilia contra un proyecto de ley que regula la tercerización laboral que se tramita en el Congreso, se enfrentaron a la policía, que los reprimió con gas lacrimógeno y gas pimienta, en un incidente que dejó como saldo seis personas heridas y una docena de detenidos. Según informó el portal de noticias G1, del grupo Globo, entre 2.500 y 5.000 personas —según estimaciones de la policía y los organizadores, respectivamente— acudieron al actos en Brasilia, que adhirió, junto a varios otros Estados, al "Día Nacional de Lucha en Defensa de la Clase Trabajadora".
En San Pablo, unas 500 personas marcharon por avenidas del centro "en defensa de los derechos de la clase trabajadora", respondiendo al llamado de centrales sindicales y otras organizaciones sociales como el Movimiento de los Sin Techo.
La Cámara de Diputados de Brasil podría aprobar en las próximas horas un proyecto de ley sobre tercerización. El presidente de la cámara Eduardo Cunha —que integra la coalición de gobierno— debe ponerla en la pauta de votaciones del plenario. Si es aprobado, pasaría al Senado. "Este proyecto, en la práctica (...) quita a los trabajadores los derechos duramente conquistados y da a los patrones la seguridad jurídica para contratar de la manera que quieran", afirmó la Central Unica de Trabajadores (CUT).
Ajuste fiscal. Para los manifestantes, la aprobación del proyecto de ley que lleva diez años en el Congreso sería más perjudicial que recientes medidas enviadas por el gobierno izquierdista de Dilma Rousseff al Congreso, que buscan limitar algunos beneficios laborales en el marco de un plan de ajuste fiscal. Esas medidas fueron muy criticadas por movimientos sociales y de trabajadores, en un momento complejo para el gobierno, que enfrentará el 12 de abril nuevas protestas opositoras en un contexto de estancamiento económico e inflación en alza.
Según la CUT, hay 12,7 millones de trabajadores tercerizados actualmente en Brasil, un 26,8 por ciento del mercado de trabajo. El proyecto de ley está hace una década en trámite en el Congreso y hace dos que es discutido por diputados, patronales y sindicalistas. El documento libera la contratación de trabajadores tercerizados en cualquier actividad tanto en el sector público como privado. Al mismo tiempo, no establece límites al tipo de servicio que puede ser contratado bajo esa modalidad. El proyecto es rechazado por los organizadores de las marchas, la CUT, la Unión Nacional de Trabajadores (UNE), el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), entre otros, así como por el PT.
También el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff rechaza el proyecto, por lo que el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, ha intentado mediar con los legisladores para que desistan de su aprobación o al menos lo hagan con algunas modificaciones al texto original.