El gobierno provincial presentó ayer un paquete de iniciativas con el propósito declarado de mejorar la administración de justicia, tanto en la parte que se refiere a los procedimientos por delitos como los relativos a cuestiones civiles y comerciales. En lo relativo al juzgamiento de delitos, las principales novedades estarán dadas por establecer mayor rigurosidad en la celebración de juicios abreviados: la pretensión es que frente a delitos de gravedad el fiscal del caso deberá contar, para llevar a cabo una negociación con la defensa, el acuerdo de sus superiores jerárquicos. Otro aspecto a marcar, a raíz del debate en auge por la reincidencia delictiva, es el establecimiento de criterios "más objetivos" a considerar por los jueces para regular las prisiones preventivas contra imputados de ilícitos.
La batería de modificaciones, que serán enviadas a la Legislatura para su tratamiento en las próximas sesiones ordinarias, fue presentada ayer por el gobernador Miguel Lifschitz junto a los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein. "Estas enmiendas provienen de un relevamiento entre fiscales, jueces, defensores y funcionarios de las áreas de Seguridad y Justicia sobre los problemas acuciantes que están pendientes de resolución inmediata en el Poder Judicial de Santa Fe", dijo Silberstein a este diario.
Más cerca. La intención de los diferentes cambios apunta, según Silberstein, a que la Justicia sea más rápida en la resolución de trámites y más cercana a la gente que demanda sus servicios. "Queremos que la Justicia Penal ofrezca mejor respuesta a las víctimas de delitos y mejores garantías a los acusados de cometerlos. Y que la Justicia Civil y Comercial simplifique sus procedimientos para tener celeridad y evitar colapsos que en definitiva significan denegar justicia", sostuvo.
En relación a los mecanismos del Código Procesal Penal, o sea del sistema de enjuiciamiento penal, el primer asunto considerado fue el de los juicios abreviados, que son los trámites en los que el fiscal y el defensor alcanzan un acuerdo y en el que un imputado de delito admite su culpa a cambio de una pena atenuada, lo que luego debe ser homologado por un tribunal. Esta herramienta central del sistema de juicio que entró en vigencia en febrero de 2014 fue eje de una mayoritaria repulsa pública con el fallido acuerdo a la banda de Los Monos, declarado nulo, en el que se daban bajas penas y se cambiaba la calificación penal sin motivo razonable a los imputados, lo que desacreditó el abreviado.
Rigurosidad. Ayer Silberstein subrayó que lejos de ser malos, los abreviados son esenciales en el sistema de juicio pero que habrá requisitos de mayor rigurosidad para celebrarlos. "Cuando se tramiten delitos de mayor gravedad y la pena supere determinado monto el fiscal investigador va a necesitar el respaldo del fiscal regional de manera fundada. Para delitos mayores será necesario el aval del fiscal general de la provincia", dijo.
Otro cambio alude a flexibilizar los requisitos para acordar las prisiones preventivas para los acusados de delitos a los que aún se presume inocentes. "Hoy los jueces, para ordenar la prisión preventiva, tienen que acreditar que es verosímil que el acusado cometió el delito que le atribuyen, que existe riesgo de fuga y que la pena en expectativa sea privativa de la libertad. En el futuro no tendrán que concurrir los tres requisitos juntos. Esto empodera a los fiscales", indicó el ministro.
También se altera el llamado criterio de oportunidad por el cual un fiscal puede optar por no perseguir un delito a fin de concentrar esfuerzos en los que tienen mayor prioridad. "Se exigirán mejores fundamentaciones cuando un fiscal desista de perseguir un ilícito", sostuvo Silberstein.
También cambian las exigencias en el accionar policial. "En los casos de sorprender a una persona cometiendo un delito flagrante, el policía tendrá la obligación de detener. Hoy eso es discrecional. Cambiarlo redunda en favor de hacer más rigurosa la persecución del delito".
Se impulsa, además, una ley de decomiso que permite confiscar los bienes adquiridos con el producto de un delito. Y esa posibilidad de decomiso podrá hacerse aún sin condena, cuando los acusados admitan que los bienes provienen de un delito o no puedan justificarlos con ingresos lícitos.
Otros cambios. En relación al Código Procesal Civil y Comercial los cambios planteados, indicó Silberstein, se sintetizan en los siguientes puntos:
• Plazos más cortos: los abogados van a poder tramitar los procesos en el lapso de seis meses y no en un año. "La Justicia más rápida no es una obligación sólo de los funcionarios sino también de los abogados, que tendrán menos tiempo para impulsar los expedientes. Si un abogado no lo hace en seis meses la contraparte podrá pedir la extinción del tramite".
• Declaratoria de pobreza: "Hoy los juzgados de responsabilidad extracontractual tienen 4.000 causas en un año y sacan 250 sentencias. De esas causas 1.500 son trámites de personas vulnerables que buscan ser declaradas pobres para litigar sin costo. La declaratoria de probreza se tramitará mediante una declaración jurada con un procedimiento de control. Esto aliviará la carga de trabajo de estos juzgados que podrán concentrarse en lo importante. Hoy un abogado que quiere solo ver un expediente en estos juzgados demora una hora".
• Mediación Civil: Es un sistema de acuerdos entre partes para poner coto a un conflicto sin la intervención de un juez sino de un mediador que acerca a los litigantes. Se simplificará aún más el trámite y se establece un régimen por el cual el mediador percibe su retribución en función de su trabajo. Si no lo hay no hay remuneración.
• Oferta razonable: El Poder Judicial es gratuito para los ciudadanos. Pero si una persona en una mediación recibió una oferta razonable e igual decide ir a juicio, aunque lo gane va a tener que pagar las costas del trámite. Eso baja la litigiosidad y descomprime la carga de los juzgados.
• Competencias: Los juzgados de Distrito y de Circuito tienen competencias parecidas pero los segundos tienen una mayor carga de expedientes. Habrá una ingeniería para equiparlos de manera de generar más equidad en las labores de unos y otros.