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Procesaron a Menem y Cavallo por la venta del predio de La Rural

La Cámara Federal porteña procesó ayer al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por la venta irregular del predio ferial de Palermo, propiedad del Estado nacional, a la Sociedad Rural Argentina en 1991.

Miércoles 02 de Abril de 2014

La Cámara Federal porteña procesó ayer al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por la venta irregular del predio ferial de Palermo, propiedad del Estado nacional, a la Sociedad Rural Argentina en 1991.

La Sala II revocó el sobreseimiento de Menem y ordenó al juez que fije un embargo sobre sus bienes. También confirmó el procesamiento de Cavallo por el mismo delito: malversación de caudales públicos.

"Las pruebas reunidas indican que todos los imputados tomaron parte en una operación ideada conjuntamente, mediante la cual se sorteó la necesaria intervención del Congreso —y de entes cuya opinión no fue requerida— y se acordó un precio vil para la enajenación", señaló el fallo de los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Fara.

La Cámara también ratificó el procesamiento de los ex funcionarios del Ministerio de Economía Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta; del ex presidente de la Rural Eduardo De Zavalía, del ex secretario Juan Ravagnani y de los tasadores Juan Insúa, Raúl Angelini y Ricardo Schapiro (del Banco Ciudad de Buenos Aires) y Jorge Frost, Daniel Ivakhoff y Carlos Ratto (del Banco Hipotecario).

Todos quedaron procesados por un delito que contempla una pena de reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua.

La venta del lugar se habilitó con la firma de Menem y Cavallo del decreto 2.699 del 20 de diciembre de 1991, mediante el cual el Ejecutivo autorizó que "el Estado nacional venda el predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina" (14 hectáreas ubicadas frente a plaza Italia) por 30 millones de dólares, a pesar de que el valor de mercado era de 131.800.000 dólares.

"La actuación de Menem y Cavallo no sólo contrarió la forma de proceder impuesta por más de cien años en torno al patrimonio en cuestión; hizo lo propio con cuanto habían entendido los propios involucrados —hasta ahí— en el mismo expediente. Esas afirmaciones tornan procedente el agravio de la fiscalía vinculado a tales aspectos de los hechos", indicó el fallo.

Y agregó que "si bien los miembros del Ejecutivo ejercían la administración del patrimonio estatal, ello no equivale a admitir que pudieran disponer arbitrariamente de aquél, en desmedro de la representación que les fue encomendada".

"Lo relevante aquí pasa, fundamentalmente, porque el autocontradictorio, repentino e inexplicado cambio de criterio respecto de las condiciones necesarias para enajenarlo —que obviamente se tradujeron en menos o nulos controles— coincidió, justamente, con el acuerdo de un precio visiblemente perjudicial para los intereses estatales, al que se arribó mediante un procedimiento irregular e inmotivado", apuntaron los camaristas.

Años de historia. El predio, sede de la tradicional exposición agropecuaria de la Sociedad Rural desde 1878, se consolidó luego como el principal centro ferial de la Capital Federal y hacia fines de 2002, Francisco De Narváez y su colega empresario Alejandro Shaw adquirieron el 50 por ciento de los derechos de explotación comercial de manos de los tenedores originales.

Una década más tarde, antes de que el gobierno de Cristina Kirchner dispusiera la toma de posesión del predio, De Narváez se desprendió de su paquete accionario en La Rural SA, compartida en partes iguales con la SRA y se lo vendió a una empresa de entretenimientos, el grupo Fénix Entertainment, que prácticamente de inmediato transfirió el 25 por ciento de sus acciones al grupo Irsa, dueño de los principales shoppings de Buenos Aires.

Para terminar, los jueces de la Cámara le encomendaron al juez Sergio Torres que, "devueltas las actuaciones, comience a transitar las fases necesarias para evaluar la elevación a juicio de la situación de los procesados".

El decreto que abrió la puerta

Esta causa contra Menem se abrió en diciembre de 2012 luego de que la presidenta Cristina Fernández firmara el decreto 2.552, que ordenaba el traspaso al Estado del predio palermitano. Días después la Cámara Civil y Comercial Federal habilitó la feria judicial para bloquear el decreto y otorgar una cautelar a la Sociedad Rural. “Tratándose de un hecho que significó, según la Justicia federal, una sustracción del patrimonio del Estado nacional mediante una maniobra de asignarle un menor valor, esperamos que la Corte tome cartas en el asunto”, dijo en ese momento el entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

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