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Procesaron a ex ejecutivos de Siemens por pago de sobornos

El contrato para la confección de los DNI lo firmó Menem y luego lo anuló De la Rúa. Se fijaron embargos millonarios.

Sábado 28 de Diciembre de 2013

La Justicia procesó y aplicó embargos millonarios a 17 personas, entre ellas ex ejecutivos de la poderosa empresa alemana Siemens, acusadas de pagar sobornos a funcionarios para que esa compañía se quedara con el negocio de la confección de DNI durante el gobierno de Carlos Menem.

Pero aunque dio por acreditado que esos sobornos existieron, el juez federal Ariel Lijo sostuvo que había que profundizar las medidas para determinar con claridad y rigor quiénes fueron los funcionarios del gobierno menemista que cobraron esas coimas, y dispuso el sobreseimiento del principal implicado del Ministerio del Interior que había sido investigado.

El sobreseimiento llegó para Aldo Carreras, subsecretario de Población y luego secretario de Población y Relaciones con la Comunidad cuando Carlos Corach era ministro del Interior, porque el juez entendió que solo cumplió "su deber administrativo".

"Los elementos probatorios recolectados demuestran que los pagos estuvieron dirigidos a miembros del gobierno nacional. En este sentido, no restan dudas respecto a la recepción por parte de funcionarios estatales del dinero que salió de Siemens AG y sus filiales hacia las empresas que grupo económico que actuó como intermediario. Sin embargo, resta determinar fehacientemente qué funcionarios públicos recibieron finalmente ese dinero a efectos de poder formular una imputación concreta con el grado de sospecha necesario", sostuvo.

En ese marco, Lijo dispuso una serie de medidas que incluyen exhortos a los Emiratos Arabes (Dubai), Hong Kong y Estados Unidos para avanzar con estas pesquisas. El procesamiento de los 17 sospechosos —entre ellos ex directivos de Siemens— por los delitos de cohecho activo, trafico de influencias y defraudación llega más de tres lustros después de que los hechos ocurrieron, cuando el gobierno de Menem dispuso la informatización de los DNI.

La causa se cerró en 1998, pero fue reabierta en 2004 cuando Siemens reconoció ante Estados Unidos que había pagado sobornos. Según está probado en el fallo de 337 fojas, "existió un accionar sistemático de integrantes de la empresa Siemens de pagar sobornos con el único fin de que la filial local de Siemens AG-Siemens It Services SA resulte adjudicataria de la licitación" para confeccionar los DNI.

El gobierno de Menem contrató por decreto a Siemens y dispuso pagarle "un precio superior al que razonablemente hubiese correspondido fijar", mientras la empresa hizo al menos 60 pagos por 106.302.706 dólares a un "conjunto de sociedades" por "contratos ficticios", para disfrazar "servicios que jamás le fueron brindados y así canalizar los pagos investigados", se sostiene en el fallo.

Esa situación, dijo el juez, "permitió brindar un marco de legalidad a las transferencias realizadas, ya que las empresas utilizadas expidieron facturas por servicios que no prestaron". También "pudo acreditarse que existió un acuerdo económico al que arribaron integrantes de Siemens con integrantes del grupo económico Socma (de Franco Macri) (titular del 100 por ciento de las acciones de Itron Inversora SA, al mismo tiempo titular del 99,9 por ciento de las acciones de la empresa Itron SA) a cambio de que la principal competidora, UTE Itron, SHL Systemhouse Inc., TRW Systems Overseas Inc. y Malam Systems Ltd., permitiera la contratación de Siemens".

Los procesados son Uriel Jonathan Sharef, Ulrich Albert Otto Fritz Bock, Eberhard George Reichert, Luis Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Ernst Michael Brechtel, Bernd Regendatz, Ralph Matthias Kleinhempel y José Alberto Ares, del Grupo Siemens. Asimismo, figuran Carlos Francisco Soriano, Miguel Czysch y José Antonio David, señalados como presuntos intermediarios del dinero destinado a los funcionarios, y Antonio Justo Solsona, Guillermo Andrés Romero, Orlando Salvestrini, Luis Guillermo Cudmani y Federico Rossi Beguy, de "la empresa competidora en la licitación, que fue incluida en el proyecto a cambio de no impugnar la decisión estatal de contratar a Siemens It Services".

El juez dispuso 500 millones de pesos de embargo para "quienes actuaron como coautores del delito investigado.

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