"Hay que evitar la aplicación de penas privativas de la libertad que no sean absolutamente necesarias", dice la jueza Gabriela Sansó en la resolución en la que impuso prisión condicional y no efectiva a Adrián R. Esa afirmación produjo dos fuertes equívocos canalizados, en especial, en la prensa porteña.

Un primer error es deducir que esta es una resolución inhabitual: en los juzgados de menores locales es habitual que se impongan penas sustitutivas de prisión a menores. Esto es un punto de coincidencia entre los responsables de los cuatro tribunales de ese nivel en Rosario.

Una segunda desviación parece ser la que ayer colocaba a la jueza Sansó como representante de una corriente jurídica blanda o permisiva frente a otros magistrados que serían más severos o duros. Esto porque la magistrada señala en su fallo que "se debe perseguir no el castigo, sino la recuperación del joven involucrado en el delito, para que advierta el error y modifique su vida para un buen desarrollo personal".

Esta referencia resultó válida para este caso, aunque no para todos. Hay ejemplos recientes: la misma jueza condenó el año pasado a cinco años de prisión a un joven que, siendo menor de edad, participó del robo seguido de muerte de José Prozzo, un jubilado de la localidad de Alvarez. La víctima, que fue amordazada durante el asalto a su casa, murió por asfixia.

La jueza Sansó le impuso una pena efectiva al joven, un ex futbolista hoy de 27 años, en virtud de la magnitud del episodio, pese a que la defensa oficial había planteado la innecesariedad de la pena por el largo tiempo transcurrido entre el hecho y la condena: nueve años. No obstante la jueza condenó a cinco años y la Sala IV de la Cámara Penal la refificó.