En una audiencia en la que se pudo observar a pleno el funcionamiento del nuevo sistema procesal penal, los cuatro policías del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez apresados e imputados de matar a un joven de 20 años la madrugada del último lunes en una oscura persecución, fueron puestos bajo prisión preventiva sin plazo por el juez Juan Carlos Curto. En el debate, los cuatro uniformados explicaron parte de su accionar y desplegaron artillería pesada contra la víctima, de quien dijeron "tenía frondoso prontuario".
Veinticuatro horas antes, el mismo magistrado les había imputado el asesinato de Gabriel Maximiliano Riquelme, de 20 años, cuando el muchacho circulaba con cuatro amigos en un Chevrolet Celta y, según la acusación, fueron perseguidos y baleados desde el Fiat Palio gris en el que iban los policías vestidos de civil y fuera de servicio. El delito por el que se los acusa es el de homicidio doblemente calificado: por el concurso premeditado de dos o más personas y por el abuso de su función como empleados policiales, una figura que prevé la pena de prisión perpetua.
A diferencia de lo ocurrido en la audiencia del jueves, ayer todos los actores del proceso interactuaron entre sí. El jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios, Adrián Spelta, le dio más aire a los fundamentos de su acusación y los defensores Maximiliano Nicosia (por Julián Matías L.G., de 29 años), Fernando Mellado (por Roberto Antonio P., de 34 años), y José Luis Giacometti (en nombre de Virginia Itatí E., de 39 años, y Nelson C., de 32) expusieron fundamentos pidiendo la excarcelación de sus pupilos o la morigeración de una posible privación de la libertad.
Pero lo más jugoso del debate público y oral fue escuchar a los acusados defender sus posiciones. El que más se extendió a la hora de hacer uso de ese derecho fue el oficial subayudante Nelson C., quien en un tono áspero dijo, antes de pedirle al fiscal que proteja a su familia: "Riquelme tenía antecedentes y me gustaría que eso también salga en la prensa. El señorito éste (por la víctima) tenía frondoso prontuario". El resto de sus compañeros trataron de explicar por qué prefirieron dar su domicilio laboral en lugar de su residencia real cuando fueron interrogados por la Justicia. "Yo ayer dí mi dirección (en la audiencia imputativa) y a la tarde ya amenazaban con cuetearme la casa", explicó a su turno la policía Virginia E.
Todo eso sucedió ante unas 25 o 30 personas que formaban parte del público. Así, periodistas, familiares de víctimas y acusados, junto a empleados judiciales curiosos se apiñaron en un espacio de 1,5 por 2 metros como en la tribuna popular de una cancha de fútbol.
El debate. El juez Curto abrió la audiencia y le dio la palabra al fiscal Spelta, quien estuvo escoltado por su par Ademar Bianchini. Y Spelta acusó. Pidió la prisión preventiva para los cuatro policías basado en la expectativa alta de condena. Habló de que al entregarse 24 horas después del asesinato, los agentes entorpecieron la investigación. Y que de quedar en libertad podrían seguir haciéndolo.
Si bien mucho del debate se centró en el hecho de que los acusados tenían fijados sus domicilios en sus lugares de trabajo; el fiscal le sumó detalles. Dijo que se incautaron cinco vainas servidas que se corresponden con el arma reglamentaria de la policía Virginia E. y una del arma de Nelson C. Y citó un estudio preliminar del reconocido perito balístico Gustavo Colombo, quien indicó que cotejando la vaina incautada con un proyectil de prueba disparado por el arma de Nelson C., se notó que el percutor había sido modificado.
También indicó el fiscal que la persecución de la que resultó víctima fatal Riquelme fue captada por al menos dos cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez: una en calle Chubut y la otra en el ingreso a Cargill. E hizo hincapié en el carácter de funcionarios públicos de los acusados y su conocimiento de los manuales de procedimientos.
Sobre un posible intercambio de disparos entre los vehículos, Spelta indicó que los dermotest realizados a Riquelme y sus cuatro amigos dieron resultados negativos. Es decir que nadie disparó. También destacó que al haber demorado 24 horas en entregarse, los acusados invalidaron una serie de peritajes sobre ellos como el dermotest o el test de alcoholemia. Además aportó detalles sobre un llamado al 911 realizado por uno de los acusados unos 10 minutos después de la balacera. Y que en esa comunicación habían mentido sobre el auto en el que circulaban: dijeron que era un Corsa gris en lugar de un Palio del mismo color. En ese llamado los policías pidieron apoyo por una persecución y tiroteo. Para saber qué motivó a los policías a perseguir y balear el Celta rojo de las víctimas, habrá que esperar una próxima instancia.
Demonizados. Pero lo concreto es que ayer se debatía si los policías iban a quedar privados de su libertad. Los tres abogados defensores, todos penalistas particulares, se esmeraron en fundamentar por qué sus defendidos no se iban a fugar y no iban a entorpecer el procesamiento. Para ello ponderaron que sus defendidos no tienen antecedentes y detentan excelentes fojas de servicios. También describieron las penurias que padecen los trabajadores de la fuerza policial santafesina viviendo en barrios pobres, con sueldos magros y ambientes vecinales hostiles.
Un debate que por momentos, en la boca de los abogados defensores, hizo olvidar que el fondo de la cuestión era el asesinato de un pibe de 20 años. Atacaron a la fiscalía diciendo que las acusaciones estaban basadas en "indicios, pero que no había pruebas". Y plantearon que los medios de comunicación habían "demonizado a los policías", como dijo el abogado Nicosia. Una idea que ya había transmitido su par Mellado (ver aparte).
Giacometti, quien además de abogado es policía retirado y llegó a ser integrante de la cúpula de la Unidad Regional II, y que en 2009 fue designado por el entonces gobernador Hermes Binner como secretario de Seguridad Pública (aunque nunca llegó a asumir), pidió que "no se juzgue mal a los policías", dando a entender que los uniformados cargan con una estigmatización sólo por ser lo que son. "Nada se modificará si están detenidos en sus casas", manifestó.
Las defensas coincidieron en solicitar, si se concretaba la prisión preventiva, una morigeración y ofrecieron cauciones. En el cierre, el abogado Nicosia resaltó que su defendido "salía a trabajar todos los días para proteger a la gente por un sueldo magro", a lo que el fiscal Spelta le respondió que era muy valioso lo que decía el abogado, "pero que esa noche al único que no protegieron fue a Riquelme". Una hora después del inicio, el juez Curto valoró que estaban dados los requisitos necesarios para dictar la prisión preventiva contra los cuatro policías, sin plazos. Los defensores le adelantaron al juez que apelarán la medida.
