Los dos detenidos por la ejecución del empresario chaqueño Víctor Hugo Garnero, asesinado de cuatro balazos el viernes a la tarde en Oroño y Gaboto en una salidera, continuarán privados de libertad luego de que un juez penal les dictó la prisión preventiva sin plazo. A su vez, una joven que fue arrestada acusada de interferir con la investigación fue excarcelada, aunque quedó imputada de encubrimiento. En una audiencia imputativa realizada ayer en los Tribunales, presidida por el juez Gustavo Pérez de Urrechu, las tres personas arrestadas proclamaron su inocencia.
Nelson Gastón C., de 28 años, y Juan José R., de 21, fueron acusados por el fiscal Florentino Malaponte de coautores de homicidio calificado por criminis causa agravado por alevosía, uso de arma de fuego y portación de arma de guerra. El fiscal entendió que mataron al empresario para poder robarle el efectivo que llevaba. Este delito contempla la pena de prisión perpetua. En tanto, Magalí Andrea R., de 23 años y hermana de Juan R., fue liberada, pero deberá pagar una fianza de tres mil pesos. El magistrado le otorgó la libertad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.
El violento suceso se desató poco antes de las 16 del viernes cuando Garnero, un empresario que había nacido hace 53 años en la ciudad cordobesa de Las Varillas pero que residía desde hace 15 en la localidad chaqueña de Las Breñas, fue emboscado por dos jóvenes en una moto. El hombre, propietario de una empresa de maquinarias agrícolas, había realizado una operación en una financiera del centro rosarino y circulaba a bordo de su VW Vento gris por Oroño al sur.
Cuando el auto llegó al semáforo de Gaboto, una moto Honda Tornado de color blanco se le puso a la par por el lado del acompañante y después giró en U para posicionarse adelante del vehículo de Garnero.
La audiencia. Ayer a la mañana, el fiscal Malaponte reconstruyó el episodio en base al relato de testigos. Señaló que quien acompañaba al conductor de la moto se bajó y se dirigió hacia el Vento del empresario para exigirle el dinero. El hombre entonces se habría agachado y recibió al menos cuatro tiros mortales. El médico policial que examinó el cadáver detectó cinco orificios en el muslo derecho y tres en el izquierdo. Tras el ataque, el maleante recogió un bolso negro en el que había 300 mil pesos en efectivo y doce cheques por un valor de 753.758 pesos. Con el botín en su poder, el agresor trepó a la Honda guiada por su cómplice. Los dos ladrones se marcharon por bulevar Oroño de contramano y luego se esfumaron por Amenábar.
Luego, Malaponte formuló la acusación a Nelson C. y Juan José R. Entonces, el abogado José Luis Abichain Zuain, defensor de Juan R. y Magalí R., planteó luego de la lectura de sus derechos que se debía preguntar a sus clientes si estaban dispuestos a declarar y si aceptaban o no su participación en el hecho. El juez replicó que él no estaba autorizado para hacerlo de acuerdo con el nuevo modelo de enjuiciamiento que rige en la provincia de Santa Fe y que, en cambio, debía hacerlo el letrado.
Negativa y abstención. Los dos imputados respondieron lo mismo ante la pregunta de Abichaín. "No tengo nada que ver y me abstengo de declarar".
El abogado Mariano Scaglia, defensor con su par Hernán Tasada, de Nelson C., objetó la calificación penal del suceso que formuló el fiscal Malaponte. "No se puede acreditar el suceso en meras especulaciones y sí en evidencias como lo establece el Código Procesal Penal. El fiscal se basa en hechos que no están demostrados", sostuvo. En ese momento intervino el juez Pérez de Urrechu y le recordó a Scaglia que en esta etapa de trámite se valoran los indicios y que, en cambio, las pruebas son ponderadas en el juicio oral y público. El abogado también cuestionó que los testigos no hayan declarado bajo juramento. Sin embargo, en una audiencia imputativa, según la fiscalía, los dichos de quienes hayan presenciado un hecho delictivo son considerados como entrevistas y no como declaraciones testimoniales.
Tras el contrapunto, Malaponte pidió la prisión preventiva sin plazo de los dos jóvenes detenidos y se basó en el relato de un testigo. Ese hombre dijo que, a las 16 del viernes pasado, transitaba en un Ford cuando distinguió en el cruce de Oroño y 27 de Febrero a una moto Enduro, de color blanco y negro, con dos hombres a bordo. "En el semáforo de Oroño y Gaboto pasan por delante del auto (de Garnero) y después se le ponen adelante. En ese momento se bajó el acompañante y le disparó cuatro balazos", contó el testigo.
En moto a contramano. El otro elemento que ponderó el magistrado fueron las llamadas realizadas al 911 desde la escena del hecho y la concretada a las 16.26, unos diez minutos cerca del departamento del Fonavi de Rouillón y Seguí, donde fueron detenidos los dos sospechosos. En ese contacto telefónico, quien llamó dijo que vio a dos motociclistas que llegaron a esa zona de contramano. Los dos hombres se bajaron y salieron corriendo hacia el Fonavi. Uno de ellos, según esos dichos, llevaba un bolso negro. "Esto es importante porque quien llamó desde donde fueron detenidos no sabía lo que había pasado", dijo el fiscal.
Malaponte también señaló que en las imágenes registradas por una videocámara instalada en Rouillón y Seguí se puede ver a los ocupantes de una moto que cruzan el semáforo en rojo y se "pierden" en el complejo Fonavi. A su vez, indicó que los policías del Comando Radioeléctrico que llegaron al Fonavi de Rouillón y Seguí tras el llamado telefónico detectaron que el motor de la Honda Tornado todavía estaba "caliente".
Luego quisieron entrar a la vivienda, pero Magalí R, según el acta policial, intentó impedirles el ingreso. Finalmente entraron a la propiedad y detuvieron a los dos jóvenes. El allanamiento fue calificado por Scaglia como "ilegal" porque se realizó sin la orden de un juez. El fiscal retrucó diciendo que el Código Procesal Penal habilita a la policía a ingresar a un domicilio en medio de una persecución.
La otra evidencia que señaló Malaponte fue que, en poder de los detenidos, se encontró los 300 mil pesos y los doce cheques sustraídos, el pasaporte de Garnero, una chequera del Banco Nación y otra de pagarés, dos celulares (aparentemente de los sospechosos) con el chip destruidos y sin batería y un boleto de compraventa por un valor de 1.800.000 pesos.