El camarista penal Alfredo Ivaldi rechazó ayer la pretensión de la Defensoría General de Santa Fe que instaba al Poder Judicial a ordenar la constitución de mesas de diálogo, por un lado, y de un registro público de personas detenidas, por otro, para superar la conflictividad en los ámbitos con personas privadas de libertad en Rosario.

El debate resultado de un hábeas corpus de parte del defensor provincial Gabriel Ganón en base a las deficientes condiciones de detención de unos 1.400 presos en el departamento Rosario. La jueza de primera instancia, Roxana Bernardelli, había determinado que no podía ordenar el establecimiento de mesas de diálogo o de un registro de detenidos porque tales decisiones conciernen a políticas que son atribución del Ejecutivo.

El titular del servicio de Defensa Pública de Rosario, Gustavo Fransceschetti, no quedó conforme con la decisión de Ivaldi Artacho, que confirmó la decisión de la jueza Bernardelli. Adelantó que presentará un recurso extraordinario de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de la provincia.

"Hay jurisprudencia de la Corte Nacional más que abundante (ejemplo en los casos Badaro o Verbitsky) señalando que el juez puede intervenir para suplir las carencias de políticas del Poder Ejecutivo generando el mecanismo para que éstas aparezcan y luego realizando el control. Frente a la evidencia de la vulneración de derechos un juez no puede pasar las cosas por alto", sostuvo Franceschetti.

En abril pasado Ganón presentó un recurso luego de constatar, producto de un relevamiento de la defensoría, que las condiciones de detención en Rosario no satisfacen las reglas mínimas dispuestas por las Naciones Unidas en la materia. Corroboró infraestructura deficiente, superpoblación, falta de acceso al agua potable, violencia institucional y falta de servicio médico.

El fiscal regional Jorge Baclini señaló en la audiencia que las mesas de diálogo no pueden surgir de una orden judicial sino de mecanismos de consenso.

"Le consta a este tribunal que hay registros judicial y policial de detenidos", dijo Ivaldi, que reconoció que se basan sin embargo en bases de datos anticuadas, aunque no son ilegales.