Aunque el detalle de la propuesta recién se conocerá hoy, trascendió que incluye entre los puntos principales la definición de la actividad bancaria como un servicio público, regulable no sólo desde el punto de vista de la solvencia del sector sino desde la satisfacción de los usuarios.
  La propuesta es “tonificar el rol del Estado y conseguir un amplio mercado de crédito bancarios” para universalizar los servicios financieros. Incluye la creación de un organismo destinado a resguardar los intereses de los usuarios y del resto de los actores de la red bancaria.
  También pone énfasis en generalizar el acceso al sistema, especialmente a nivel de créditos, ámbito en el que se hará una división entre prestamistas públicos, privados y sociales. El proyecto de ley contempla de la regulación de tasas para actividades específicas y la implementación de reglas diferenciadas para las entidades privadas de trascendencia y las cooperativas de créditos o cajas populares.
  El banquero y diputado Carlos Heller prometió en la campaña electoral promover una reforma de la ley de entidades financieras instrumentada en 1977, y que fue la base del proyecto político y económico impulsado por José Alfredo Martínez de Hoz. En términos generales, aquella norma desreguló totalmente la actividad bancaria, que hasta ese entonces era direccionada fuertemente por el Estado.
  Se trataba de que los bancos replicaran el rumbo económico de la dictadura privilegiando la especulación sobre el financiamiento a la producción y reduciendo al máximo las posibilidades de intervención del Estado.
  La aniquilación de las herramientas estatales para orientar el mercado de capitales llevó a que los bancos optaran por asignar recursos hacia los sectores que les aseguraran la mayor rentabilidad en el plazo más corto.
  “La ley 21.526 que heredamos de la dictadura desreguló fuertemente el sistema financiero, pues establece que los bancos comerciales pueden realizar todo tipo de operaciones que no sean prohibidas por la ley, que son muy pocas. Es el mercado, es decir, la política de los grandes bancos privados, la que asigna las operatorias, la aplicación de los fondos, los costos y la rentabilidad”, explicó Heller.

Los votos. Heller llegó al Congreso de la mano del kirchnerismo y, tempranamente, se enroló en el bloque que comanda Sabatella. Esperan encontrar apoyo para su iniciativa en el otro sector de la centroizquierda y, en menor medida, dentro del propio oficialismo.
  “El crédito debe ser considerado un servicio público,”, dijo el titular del Credicoop a fines del año pasado.